La familia Uría descubre que hay más casos de usurpación de la propiedad del suelo

«Son ejemplos del abuso y de la prepotencia del poder que están en el olvido, pero que podrían salir a la luz si las familias luchan», advierten

 
En primer término, Esther Uría Quirós, nieta de Josefa Díaz; detrás, su hija, Esther García Uría, y el esposo de ésta, Arsenio González.
En primer término, Esther Uría Quirós, nieta de Josefa Díaz; detrás, su hija, Esther García Uría, y el esposo de ésta, Arsenio González. ángel gonzález

Albina FERNÁNDEZ



El Ayuntamiento de Gijón podría encontrarse con más casos como el de la familia Uría, cuyos miembros lucharon durante 43 años y lograron que los tribunales les reconocieran la propiedad de una finca de 368 metros cuadrados situada en plena calle Magnus Blikstad. La voz de alarma la dieron los abogados de la propia familia Uría, que, al investigar el origen de su conflicto, se encontraron con otros casos similares y de la misma época que, por el momento, quedaron en el olvido. «Son ejemplos del abuso y de la prepotencia del poder que en algunos casos habrán prescrito, pero en otros no, y que están ahí, parados, por ignorancia de la situación, por dejadez o por diversas circunstancias», explicaron a este diario.



El conflicto de los Uría comenzó en abril de 1934, cuando Josefa Díaz Quirós cedió la parcela al Ayuntamiento para la construcción del edificio del fielato de Pumarín (oficina instalada a la entrada de las ciudades, o entre concejos, que recaudaba el antiguo impuesto de consumos a los ambulantes, incluidos los aldeanos, para que pudieran vender sus productos), con la condición de que le fuera devuelta cuando el Ayuntamiento no la necesitara para ese menester. El problema se originó desde 1965, porque el Ayuntamiento negó los derechos de los herederos pese a las sucesivas sentencias que les fueron favorables, hasta que finalmente lograron su objetivo, 60 años después del fallecimiento de Josefa Díaz, a su vez viuda de Bernardo Uría Rodríguez.



En la década de los 30 del pasado siglo, Gijón vivía a caballo entre el plan de mejoras locales de 1882 y el de mejoras urbanas de 1937, en el que, entre otras iniciativas, se afrontó el plan de ensanche de la población. El historiador y escritor Héctor Blanco González explica en «La obra pública municipal (1782-1937)» que en ese período «se echan a tierra unos 120 inmuebles ubicados en el casco urbano, siguiendo un proceso de principios revolucionarios en los que la rapidez de ejecución deriva de la carencia de todo proceso económico administrativo destinado a la expropiación de los bienes afectados».



Una parte de las familias afectadas recurrieran en su momento aquellas «demoliciones revolucionarias», precursoras del primer plan de ordenación de la ciudad realizado por Germán Valentín Gamazo y aprobado en octubre de 1942. Y es posible, como apunta la investigación de la familia Uría, que algunas de aquellas reclamaciones, y otras por otros motivos, puedan salir ahora a la luz si las familias son conscientes de sus verdaderos derechos sobre las propiedades.


En el Ayuntamiento, por el momento, reina la tranquilidad. En principio el problema estaba en el tejado del Principado, «propietario» hasta ahora de la parcela, pero la Consejería de Medio Ambiente e Infraestructuras no tuvo más remedio que ejecutar la sentencia judicial y entregó la propiedad a sus legítimos propietarios, que, en realidad, no pueden disfrutar de ella por estar ocupada por una acera, la carretera de salida del tráfico por Magnus Blikstad y un trozo de jardín.


La pelota pasó así al tejado del Ayuntamiento, que tiene que adquirir ese suelo de uso público o ver cómo sus propietarios lo vallan con legítimo derecho. El vicealcalde, Pedro Sanjurjo, explicó que todo es «un problema administrativo» que se reduce, en realidad, a una «cuestión de dinero». De hecho, el Ayuntamiento y el Principado ya iniciaron los contactos para solucionar el problema planteado por los Uría. «No hay más solución que la vía de la adquisición del suelo, que no puede tener otro uso que de espacio público, como recoge el Plan General Urbano», señaló.



El problema es de dinero. ¿Cuánto valen hoy esos 368 metros y 19 decímetros cuadrados en la calle Magnus Blikstad? Los peritos y arquitectos contratados por la familia dicen que 4 millones de euros; el Ayuntamiento dice que hay que negociar. «Ese terreno sólo puede pasar a la titularidad pública, y hay que llegar a la fórmula para que sea así. Que sea una fórmula amistosa o no es responsabilidad de todos», señaló Sanjurjo.

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