M. SUÁREZ
La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, Sogepsa, asegura que «las peticiones superan con creces el suelo industrial que vamos a ofertar en Lloreda (Tremañes)». El nuevo polígono, cuya urbanización fue adjudicada el martes a FCC y Alvargonzález Contratas, generará casi un millón de metros cuadrados de usos empresariales. Será el mayor equipamiento de estas características que se desarrolla en la región en una sola fase.
Hasta que se inicie el proceso de comercialización, Sogepsa no podrá cuantificar exactamente la «gran demanda» que ahora se detecta en el área central de Asturias. Muchos de los empresarios que ahora tienen vocación de crecimiento pueden haber cubierto sus necesidades antes de que Lloreda entre en funcionamiento. A día de hoy, sólo el Ayuntamiento de Gijón tiene recogidas unas 200 solicitudes de suelo industrial, que «representarían algo más de un millón de metros cuadrados», según las estimaciones del concejal de Promoción Económica, José María Pérez.
El polígono de La Peñona, el último acometido en la ciudad con una superficie neta de 185.983 metros cuadrados, absorbió «una pequeña parte» de esa demanda. El de Lloreda se empezará a urbanizar dentro de un mes y medio o dos meses, elevando a 6,3 millones de metros cuadrados la oferta de suelo industrial del concejo de Gijón. «El 50 por ciento de las empresas que nos han trasladado su necesidad de suelo tienen una actividad puramente industrial y se corresponden, sobre todo, con el sector metal-mecánico», explicó Pérez, que también destacó la expansión de «otro sector relevante como son los servicios; muchas veces, servicios a la industria, como los que proporcionan, por ejemplo, las empresas de desarrollos de ingeniería».
La ejecución del polígono de Lloreda, promovida por Sogepsa de acuerdo al convenio que la entidad firmó con el Principado y el Ayuntamiento gijonés, se enmarca dentro del programa de promoción industrial que gestiona el IDEPA. Para la venta del suelo, este Instituto de Desarrollo Económico primará las actividades productivas frente al almacenaje; tendrá en cuenta la inversión y el número de empleos previstos; y rechazará cualquier iniciativa que implique especular con las parcelas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 66 millones de euros y movilizará una inversión privada -según cálculos oficiales- superior a los 120 millones.
