J. MORÁN

El 25 de febrero de 1939 los periódicos asturianos publicaban una nota dirigida a «los familiares de los caídos que sufrieron prisión en la iglesia del Sagrado Corazón de Gijón y fueron luego asesinados por los marxistas». La misiva, que solicitaba «nombre, apellidos y profesión de estos caídos», así como «la fecha de su detención y la de su muerte», era el punto de arranque de la colocación de las célebres lápidas del atrio de la Iglesiona, dedicadas a los «Mártires de la causa de Dios y de España que sufrieron cautiverio en esta iglesia (18 de julio de 1936-21 de octubre de 1937)». Dichas placas serán trasladadas al interior del templo, aprovechando las actuales obras de restauración de la basílica gijonesa.

La referida nota en prensa provocó un aluvión de cartas con los datos solicitados y dirigidos a la recién constituida Junta Pro Construcción de Lápidas de la Iglesia del Sagrado Corazón. Esas cartas, junto a variada documentación sobre la labor de la Junta, se hallan hoy depositadas en el archivo del Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias, que adquirió dicho material en un anticuario.

Además de las cartas destacan entre los papeles las listas que o bien la Junta recibía del Ejército o de la Guardia Civil (con sus respectivos fallecidos) o bien se iban confeccionando a medida que llegaban las cartas de familiares. Son decenas de listas, muchas con tachaduras y correcciones, que van sucediéndose y revelan que la composición de la lista definitiva no fue fácil.

Por ejemplo, existe una carta en la que Francisco S. P. denuncia que una persona de las que van a ser inscritas en las lápidas, Amadeo R. M., había sido el delator ante las fuerzas rojas de su hermano, fusilado. Se suceden entonces testimonios e informes contradictorios sobre la veracidad de ese hecho, incluidas las cartas del padre del acusado, Ricardo R. N., quien defiende a su hijo y aporta testimonios que lo salvaguardan. Finalmente, y tras bailar en las listas, Amadeo R. M. figura en las lápidas de la Iglesiona. Otra dificultad que se deduce de la documentación es la distribución de los nombres en las lápidas. Alguna familia expone que «nuestro inquebrantable propósito es de que el nombre de mi hermano vaya seguido de su título universitario: licenciado en Ciencias Químicas». A ello responde la Junta que «en la relación de los "paisanos" estos figuran clasificados por la profesión que desempeñaban al inicio del glorioso alzamiento nacional». De este modo, la clasificación se establece en Eclesiásticos, Militares, Guardia Civil, Orden Público y Paisanos. Este último apartado incluye abogados, comerciantes, empleados, estudiantes, labradores, obreros, profesores, etcétera.

La confección de las listas supone también rechazar nombres. En tal caso, la Junta comunica a las familias que va «a retirar su nombre de la relación en la cual figuraba por no concurrir las circunstancias precisas». Estas circunstancias eran las de sumarse la condición de encarcelados en la Iglesiona a la de fallecidos durante la guerra, generalmente ejecutados. No obstante, en las lápidas figuraron por error dos o tres nombres de personas desaparecidas que se descubrieron vivas al cabo del tiempo.

Las relaciones de nombres se van perfilando hasta que la Junta da a luz la lista definitiva, que es enviada a la casa Gargallo para que componga las lápidas en mármol de color alabastro y letras de bronce dorado. El día 21 de octubre de 1931, las placas -tapadas por unos cortinones cedidos por la Fundación Revillagigedo- eran descubiertas tras la misa de Réquiem oficiada por el obispo de Oviedo, Manuel Arce Ochotorena.

Aunque la Junta fue presidida por Julio Paquet Cangas -con dos hermanos en las lápidas, Luis y Alberto-, toda la documentación recogida en el pueblo de Asturias era tramitada, y va firmada, por Justina Molas Bassagué, viuda de Enrique Gabiñau Cabot, que también figura en las placas de la Iglesiona.

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