La ley del silencio

JORGE J. URÍA
MIEMBRO DE UPYD Allá por el año 2003 los aldeanos y aldeanes de la zona rural gijonesa empezaron a poner en cuestión las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Unos porque sufrían en propia carne las expropiaciones de sus terrenos, otros mal pensados, porque tenían la mosca detrás de la oreja y el asunto olía a chamuscu en ciertas zonas. Desde luego hay cosas que el paso del tiempo no consigue borrar y aquellos polvos han acabado enfangando la gestión urbanística de la villa que nuestros próceres calificaban, y aún hoy califican con cierto desparpajo, de "modélica".

Sirva o no de modelo, lo cierto es que el urbanismo de la ciudad se enfrenta a las sospechas que han pesado sobre otros dignos consistorios en los que, por cierto, la cosa acabó como el rosario de la aurora, y no resulta menos cierto que sobre el asunto se ha corrido año tras año un manto de silencio que solo ha roto la zona rural con efectistas protestas al principio, blandiendo banderitas verdes que desde el Ayuntamiento, con cierta suficiencia, siempre se vieron como legítimo derecho constitucional a la protesta, porque así lo manda el manual de las buenas maneras institucionales.

Los vecinos de Cabueñes han sabido llamar a las puertas adecuadas y moverse con inteligencia entre la maraña de documentos e informes que acompaña inevitablemente a un tema tan relevante como el diseño urbanístico de una ciudad. Pican alto y quieren oír ante el juez las declaraciones de la Alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, Pedro Sanjurjo, Concejal de Urbanismo y su antecesor Jesús Morales, creando con ello una situación que supera lo que el manual de las buenas maneras institucionales aconseja, y por eso José Manuel Sariego, ignorando el legítimo derecho que asiste a los vecinos a defender sus intereses con las herramientas que pone a su alcance el Estado de Derecho, vuelve a llamarles como hiciera meses atrás, egoístas. Igual que lo son, imaginamos, los de Roces y todos aquellos que han presentado recurso al Plan y han visto como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias atendía sus demandas.

Llama la atención que ante la situación creada la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón no se haya pronunciado. Quizá no quieran morder la mano que les da de comer, pero han de saber que solo hace falta un puñado de ciudadanos obstinados en la defensa de lo que consideran justo para que la omertá se rompa.