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Buendía baraja denunciar por injurias a los afectados de la ZALIA

«Es una amenaza impresentable e inaceptable», responden los vecinos de San Andrés al presidente de la zona logística

 
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Vecinos de San Andrés que ayer asistieron a la asamblea sobre las expropiaciones de la ZALIA.
Vecinos de San Andrés que ayer asistieron a la asamblea sobre las expropiaciones de la ZALIA.  ángel gonzález

Miriam SUÁREZ
Si los vecinos de San Andrés de los Tacones expropiados por la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias recurren a la vía penal, podrían ser denunciados «por injurias, calumnias y falsas imputaciones». La advertencia procede del presidente de la llamada ZALIA y consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía. La hacía ayer, día previsto por los afectados para reunirse y decidir cuál será su estrategia frente al expediente expropiatorio.

«Es una amenaza impresentable e inaceptable para un cargo público», reaccionaron los vecinos. «Este señor debe tener miedo a que recurramos a la vía penal para perder los papeles de esta manera», le reprocharon a Buendía, presidente también de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) que valoró en 2,99 y 5,98 euros los terrenos que se van a expropiar en San Andrés para llevar a cabo la primera fase de la zona logística.

Esa valoración supone, para los vecinos de la parroquia, «un expolio». Y más aún cuando «la propia ZALIA compró terrenos en esta zona pagando mucho más dinero». El director de la zona logística situó entre 15 y 30 euros la horquilla de precios que se baraja en los acuerdos de compraventa. Aunque ayer se pusieron sobre la mesa casos recientes «en los que se llegó hasta los 46 euros». También se aportó el dato de que «Hacienda valora estas terrenos en 34 euros y el catastro en 38».

La CUOTA les ha dado un plazo de 20 días para alegar. Será lo primero que hagan los vecinos para mostrar su disconformidad con la tasación oficial de las expropiaciones. Estudian también la posibilidad de iniciar medidas penales contra la ZALIA por «maquinaciones para alterar el precio del suelo» y por «dilapidar caudales públicos al pagar por encima de 15 euros un suelo que ahora están tasando en 2,99». Tomarán una determinación al respecto cuando la Comisión de Urbanismo les responda a sus recursos. Pero ayer algunos afectados ya adelantaban que «no nos vamos a dejar coaccionar» por Francisco González Buendía.

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