R. VALLE

Ocho «inesperados» millones de euros ingresó el Ayuntamiento el año pasado en su caja de caudales gracias al triunfo logrado en los tribunales frente a Hacienda en el largo y complejo pleito que ambas administraciones habían mantenido en los últimos años por el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el servicio público que Emulsa realiza para el Ayuntamiento de Gijón. Este ingreso extraordinario es la base del superávit de 12,5 millones de euros que reivindicó ayer el concejal socialista de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, en la presentación del avance de la liquidación del presupuesto del año 2009. Otra parte del superávit se vincula a un ahorro en los gastos financieros por la reducción de los tipos de interés. El equipo económico del Ayuntamiento diseñó para ese año un presupuesto municipal de 241 millones de euros que se elevó a 329 millones en el consolidado (que incluye los presupuestos de empresas y organismos autónomos).

La sentencia convierte además a Gijón en un ejemplo a seguir en otros pleitos similares que tienen en marcha ayuntamientos de toda España. El gobierno gijonés y la Dirección General Tributaria habían acabado en los tribunales en diferentes ocasiones por sus discrepancias sobre el IVA. El triunfo judicial al que se vinculan estos ocho millones de euros -seis de devolución de lo pagado por el Ayuntamiento y los otros dos millones en concepto de intereses- tienen que ver con el servicio que realiza la Empresa Municipal de Servicios Medioambientales (Emulsa). El Ayuntamiento siempre defendió que al ser una empresa íntegramente municipal no se debía aplicar el IVA a los servicios que realiza para el propio Ayuntamiento. Un criterio con el que también ganó en los tribunales, en algunos casos llegando a ámbitos judiciales europeos, en casos vinculados al Centro Municipal de Empresas o la Empresa Municipal de Aguas. Cierto es que el Ayuntamiento también sufrió derrotas contra Hacienda. Por ejemplo por no pagar el IVA en la venta de unas fincas en Montevil y Viesques que tuvo lugar entre los años 1997 y 1998.

Santiago Martínez Argüelles incluyó en la presentación del avance de la liquidación presupuestaria cifras de mayor envergadura como los 311 millones de gastos y los 283,6 millones de ingresos, a los que hay que sumar los remanentes del ejercicio anterior. El edil de Hacienda defendió en su intervención pública que estos datos «dan idea del rigor, la estabilidad y la solvencia financiera del Ayuntamiento en momentos tan complejos y comprometidos».

Momentos de crisis económica que se dejaron sentir, aunque con menos virulencia de la esperada, en algunos capítulos del bloque de ingresos. Así, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras sufrió una reducción de 1,5 millones de euros para fijarse en un ingreso total de 7,5 millones. En cuanto al polémico Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el primer año de la aplicación de los nuevos valores catastrales de los inmuebles gijoneses, y a falta de concretarse todos los datos, ha supuesto un incremento de sólo 350.000 euros con respecto a la liquidación del año anterior. Un incremento del 1% que, para los responsables de las cuentas municipales, demuestra la eficacia de las bonificaciones que se plantearon desde el Ayuntamiento como ayuda a los propietarios en el pago de sus facturas. El IBI supone más de 50 millones de euros en el estado de ingresos del Ayuntamiento mientras el impuesto de obras ronda los 11 millones de euros presupuestados.

En cuanto a la inversión, el volumen total adjudicado estuvo por encima de los 93 millones de euros. Una cifra en la que hay que incluir, entre otras, los 45,7 millones del fondo estatal de inversión local, el primer plan anticrisis diseñado desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Otros diez millones fueron de recursos propios y más de 15 millones de transferencias de capital a los planes de fachadas y ascensores.