R. GARCÍA
José Manuel Fernández, médico de atención primaria, no volverá a ejercer su profesión, al menos durante los próximos dos años. Así lo decidió en la mañana de ayer la magistrada del Juzgado de lo penal número 3 de la ciudad, tras aceptar un acuerdo al que llegó el abogado del galeno con el fiscal encargado del caso. El médico reconoció ante el tribunal haber recetado psicotrópicos a una toxicómana en al menos 390 ocasiones. El facultativo, que también aceptó una condena de dos años de cárcel, aseguró tras abandonar los Juzgados gijoneses que durante el tiempo en el que tuvieron lugar los hechos, entre marzo y julio de 2008, estaba pasando una mala etapa: «Sufría una ansiedad crónica y estaba tomando hasta cuatro medicamentos diferentes a la vez».
«El trabajo me generó una ansiedad que poco a poco iba a más; tenía que ir por las tardes a pasar expedientes al ordenador y no paraba de trabajar, lo que me generó una ansiedad que finalmente no supe controlar», se justificaba ayer Fernández. Este médico gijonés asegura que fue esa ansiedad la que le llevó a cometer actos de los que ahora se arrepiente. Sus recetas generaron un gasto de 2.534 euros a las arcas públicas, un dinero que el perjudicado ya ha devuelto al Servicio de Salud del Principado de Asturias.
La beneficiaria de las recetas siempre era la misma persona, María Teresa N. E., una toxicómana que también fue condenada ayer a un año y medio de cárcel y que recibió más de 10.000 tranquilizantes. La acusada obtenía los medicamentos en varias farmacias de Gijón. Estas sustancias eran luego destinadas al consumo propio y la venta a terceros, según se recoge en el informe del fiscal. La investigación policial que descubrió esta trama se inició el 27 de julio de 2008. Aquel día María Teresa N. E. se dejó olvidado un maletín en un quiosco de la calle Ribadesella en el que había gran cantidad de medicamentos.
El fiscal apreció en el caso de esta joven el atenuante de toxicomanía y le aseguró que podía sustituir los meses de cárcel por un tratamiento de desintoxicación. También a petición del ministerio fiscal y tras el acuerdo al que se llegó con los abogados de la defensa, médico y paciente deberán hacer frente a una multa por el delito contra la salud pública que se les imputa. El facultativo deberá aportar 5.000 euros mientras que a la joven se le ha impuesto una sanción de 4.000 euros, que ella misma aseguró ante el juez que no iba a «poder pagar» al carecer de ingresos.
