J. L. A.
El proyecto de Ley de Puertos que han acordado el PSOE y el PP ha entrado en su última fase y está pendiente tan sólo de su ratificación por el Senado, donde ambas fuerzas suman mayoría. El texto fue aprobado el pasado viernes, día 21, en el Congreso con las críticas y el rechazo de los portavoces de los partidos nacionalistas. La nueva norma enmienda el Proyecto de Ley de Modificación de Puertos de 2003.
El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, ha subrayado en una entrevista que publicó ayer «Faro de Vigo», diario del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, que la nueva ley obliga a las terminales del sistema estatal, entre ellas El Musel y Avilés, a ser autosuficientes y a la necesidad de tener una rentabilidad anual del 2,5 por ciento.
González Laxe indicó que el Ministerio de Fomento, de quien depende Puertos del Estado, quiere aumentar el tráfico de mercancías que salen de los puertos por ferrocarril. El objetivo es subir del 4 por ciento actual al 10 por ciento, que es la media europea. Es una medida que beneficia a la terminal gijonesa, posiblemente la que tiene mayor desarrollo ferroviario de España.
La nueva ley de Puertos nace «sin apellidos», en palabras del ministro de Fomento, José Blanco, en referencia a que los tres textos legales anteriores fueron aprobados en solitario por los socialistas, en 1993, y por el PP, en 1997 y 2003. Socialistas y populares sostienen que la nueva norma da más autonomía a los puertos, mientras los nacionalistas opinan que quita poder a las comunidades autónomas.
