J. M. C.
El titular del Juzgado de lo penal número 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, dictó sendas providencias por las que se inician los trámites judiciales para embargar sus respectivas viviendas a los sindicalistas Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, con el objeto de cobrarles, a cada uno, una multa de 2.160 euros impuesta en la sentencia que les condenó por los destrozos causados en una cámara de vigilancia de tráfico, propiedad del Ayuntamiento de Gijón, durante una movilización de los trabajadores del astillero privado Naval Gijón en el mes de febrero de 2005.
La Plataforma Contra la Represión y por las Libertades, a la vista de las providencias judiciales, denunció ayer «la obsesión persecutoria de Lino Rubio Mayo contra estos dos trabajadores y también el comportamiento de las instituciones políticas, como el Ayuntamiento de Gijón, cómplices en este proceso judicial, impulsando el cierre de los astilleros. Así se demuestra aun más lo que había detrás de esta condena, que era el cierre de los astilleros Naval Gijón y Juliana».
Un portavoz de la citada plataforma señaló que el indulto del Consejo de Ministros del que fueron beneficiarios los dos sindicalistas de la Corriente Sindical de Izquierda afecta también a la multa. Por ello, se presentaron recursos de reforma y, subsidiariamente, de apelación, frente a las providencias del Juzgado de lo penal número 1.
Asimismo, desde la plataforma se entiende que las providencias tienden a causar el mayor daño posible a los dos sindicalistas, dado que antes de embargarles sus viviendas pueden ejecutar el pago con sus nóminas.
