R. GARCÍA

La justicia los ha obligado a separarse, al menos durante medio año. Un gijonés deberá abandonar el domicilio que actualmente comparte con su mujer después de que el Gobierno le haya denegado el indulto que pidió para que no se hiciese efectiva una condena por malos tratos. Un magistrado ovetense había condenado al acusado a seis meses de alejamiento de su mujer por agredir a la gijonesa cuando aún eran novios. La víctima no llegó a denunciar, pero la fiscalía actuó de oficio con el testimonio de un testigo. El gijonés deberá ahora abandonar el domicilio que compartía con su mujer, una vivienda que acaban de comprar y sobre la que aún pesa una hipoteca que a día de hoy pagan entre ambos.

Los dos implicados en esta curiosa historia se casaron hace poco más de un año, meses antes de recibir la condena que les ha cambiado la vida. El caso enjuiciado tuvo lugar el 10 de agosto del 2008 en las cercanías de la estación de autobuses de Gijón. La pareja, que de aquella eran novios, celebraba la fiesta de cumpleaños de la víctima cuando ambos se enzarzaron en una discusión en la vía pública.

Durante la trifulca, el ahora condenado llegó a darle dos bofetadas a la que ahora es su esposa. La Policía se personó en el lugar de los hechos tras recibir la llamada de un testigo y detuvo al denunciado. La víctima fue trasladada a un centro de salud cercano al lugar de los hechos. Los facultativos extendieron entonces un parte de lesiones a la agredida en el que se refería «erosiones de carácter leve en la cara y el codo». Tras la pelea los gijoneses continuaron su vida normal y se casaron. Pero los trámites judiciales ya estaban en marcha y no se podían parar.

Tras la vista oral del proceso el acusado fue condenado a trabajar veinte días en beneficio de comunidad. El magistrado encargado del caso también decretó una orden de alejamiento entre víctima y condenado de seis meses. La abogada del acusado consiguió en su día que se aplazara la ejecución de esta segunda parte de la sentencia hasta que llegara el indulto. Ahora, sin embargo, el plazo ya ha caducado. «El Gobierno central se reunió el pasado 14 de enero y decidió que no aceptaban nuestra petición sin dar ningún argumento» aseguraba la letrada ayer, tras haber recibido la decisión en torno a la anulación de la condena penal.