Desahucio para ocho

María del Pilar Tello reside desde 1999 en una de las viviendas de promoción pública que el Gobierno del Principado tiene en la plaza Jacques Cousteau de Montevil. En la casa, que le fue adjudicada mediante sorteo, también viven su marido, cuatro hijos y dos nietos que el matrimonio tiene acogidos de forma permanente y con funciones tutelares. Hace dos días, recibían por correo la notificación de una demanda de desahucio que puede dejarles en la calle «sin motivo aparente ni explicación».

La demanda procede del Gobierno regional. Desde Vipasa, el organismo que administra el parque de viviendas del Principado, se aduce «expiración del contrato de arrendamiento». Pero a María del Pilar Tello no le cuadra ese argumento, porque «el contrato se ha ido prorrogando a lo largo de todo este tiempo y nunca pusieron problemas». Primero, cinco años. Luego, tres. Y, a partir de julio de 2007, la renovación se producía de año en año.

Bastaba, según explica Tello, con que «enviase la documentación correspondiente». Documentación en la que tenía que acreditar que sus circunstancias familiares y económicas seguían ajustándose a los requisitos que pone la Administración para poder disponer de una vivienda de este tipo. «En casa sólo entra un sueldo, el de mi marido, que es invidente y tiene una pensión por incapacidad permanente absoluta», señala.

No escatima en detalles sobre su situación, para poner en contexto la inquietud que siente la familia ante la posibilidad de quedarse sin su vivienda de Montevil. María del Pilar aporta todo tipo de papeles oficiales, incluido el del Ministerio de Trabajo, que fija la pensión de su marido en 1.285 euros mensuales. «Puede parecer bastante», admite de mano. «Pero de ese dinero vivimos ocho personas. Mi hija de 25 años tiene lupus. El siguiente, de 23, está en paro. Y los de 18 y 17 estudian», apostilla.

De ahí que se les venga el mundo encima cuando piensan que pueden quedarse sin su piso de la plaza Jacques Cousteau, por la que pagan al Principado un alquiler de 147,45 euros mensuales. Su apretada economía alcanza para la renta y, de hecho, María del Pilar Tello quiere dejar muy claro que «siempre hemos estado al día con los pagos». Pero, si la demanda de desahucio prospera, «adónde vamos, tal como están las cosas, no creo que encontremos vivienda a un precio asequible para nosotros».

El Juzgado de primera instancia número 5 de Oviedo ha citado a María del Pilar Tello para el próximo 19 de julio. Desconoce lo que se va a encontrar en el juicio. Vipasa ya le comunicó en mayo del año pasado que expiraba el contrato de alquiler. Aunque ella nunca pensó que la sangre iba a llegar al río. «Nosotros quisimos saber el porqué de esta decisión y, de inmediato, enviamos un escrito a Vipasa pidiendo explicaciones. Nunca nos contestaron», reprocha.

La siguiente noticia que María del Pilar Tello tuvo de la Administración regional fue esta semana a través del Juzgado. Al no obtener respuesta a su escrito, creyó que Vipasa estaba estudiando el caso. Pero lo que se cocía era una demanda de desahucio. «La citación judicial nos ha pillado por sorpresa. No sé qué vamos a hacer. Desconocemos cuál es el motivo de que den por terminado el contrato de arrendamiento y no quieran renovárnoslo», lamenta esta vecina de Montevil, que se ha cansado de hacer llamadas a los departamentos competentes y que «nadie me hable claro».

La perplejidad de Tello es casi tan grande como su preocupación. «En la plaza de Jacques Cousteau hay 120 viviendas de promoción pública, adjudicadas a la vez. ¿Que nos van a echar a todos?», plantea. Y lo que es más llamativo: «A nosotros, que necesitamos la vivienda, nos quieren desahuciar, y resulta que Vipasa tiene en estos bloques varios pisos vacíos».