La Autoridad Portuaria de Gijón tratará de rebatir las acusaciones de falta de control en la obra de ampliación de El Musel que se formulan en el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). Unas conclusiones que el Puerto no asume, sino que va a "discutir, argumentando técnicamente", según indicó ayer la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosa Aza, al término de la reunión del consejo de administración de El Musel. La situación tras el informe de Antifraude, que apunta a supuestas irregularidades y fraudes en la obra de ampliación y habla de "connivencia" entre la Autoridad Portuaria y la UTE Dique Torres, fue el tema central de la reunión que celebró ayer el consejo.
El Puerto considera que las objeciones que la OLAF pone a la adjudicación del contrato a Dique Torres ya se contestaron cuando esos mismos reparos los puso la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea. Ahora la OLAF también apunta un supuesto descontrol de la obra, poniendo en cuestión las cifras de materiales que se emplearon en la misma y la adecuación de los precios que Dique Torres pasó a la Autoridad Portuaria respecto a sus gastos.
"Sí hubo un control; lo que estamos viendo en toda la documentación es que hubo control", señaló ayer Rosa Aza. La presidenta de El Musel puso además en cuestión la fiabilidad del informe de Antifraude, señalando que cita supuestas irregularidades en el transporte de materiales a El Musel que suman unas 30.000 toneladas, cuando la obra de El Musel requirió aportes de 35 millones de material con 1,5 millones de viajes de camión.
Agregó que el alcalde de Carreño y consejero de El Musel, Ángel Riego, indicó que los datos que maneja su Ayuntamiento sobre el número de camiones que transitaron desde las canteras del concejo hasta la obra son coincidentes con los que tiene la Autoridad Portuaria de Gijón. Aza apuntó que el Ayuntamiento de Carreño "cobraba por los camiones que pasaban", hecho por el que conocen esos datos.
La presidenta del Puerto también indicó, respecto a datos de transporte claramente irreales que recoge el informe de la OLAF, que se debe a "errores de báscula".
Una de las cuestiones que preocupan a consejeros portuarios es la postura que adopte el Ministerio de Hacienda ante el informe de la OLAF. El Ministerio, como responsable de la gestión de los fondos de cohesión en España es el que tendrá que contestar a Bruselas sobre el informe de la OLAF. El Gobierno ha adelantado que se opondrá a que el Puerto tenga que devolver las subvenciones, al considerar que se aplicaron al fin para el que fueron concedidas, pero a la vez ha solicitado a la Abogacía del Estado que estudie cómo depurar responsabilidades.
El Consejo de Administración aprobó ayer a instancias del Principado y con la abstención de los representantes del Estado, solicitar al Ministerio de Hacienda que dé audiencia a la Autoridad Portuaria antes de enviar a Bruselas la respuesta a las acusaciones de la OLAF: "Poder ver el documento y aportar lo que consideremos oportuno", explicó Aza.
Difusión del informe
Cuatro exconsejeros de la Autoridad Portuaria, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, los exconsejeros autonómicos Jesús Urrutia y Herminio Sastre y el secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, han solicitado al Puerto que haga públicos los acuerdos en torno a la obra y el expediente de la misma para dejar constancia de que los consejeros tomaron todas las decisiones en base a lo que sugerían los informes técnicos y jurídicos. El Consejo optó ayer por aparcar la propuesta hasta que emita un informe sobre la misma la Abogacía del Estado en Asturias. El abogado del Estado también va a analizar las consecuencias legales de que el informe de la OLAF se haya publicado íntegramente en Internet. El documento de la OLAF fue retirado ayer de la web de Foro Asturias, mientras que permanecía en la de Andecha Astur.
Rosa Aza recordó ayer que la obra de ampliación tuvo auditorías de la Intervención General del Estado, de Puertos del Estado, de KPMG y del Tribunal de Cuentas Europeo y que "el consejo tomó decisiones siempre basadas en controles previos, que no habían detectado ninguna irregularidad". Añadió que sobre la liquidación de la obra tomaron decisiones tres consejos con tres presidentes distintos, confirmando las decisiones de los anteriores "con algún cambio mínimo". Aza concluyó que "el consejo no podía haber hecho otra cosa".
