La Fundación Municipal de Servicios Sociales echará mano de su remanente de tesorería para asumir el coste de un equipo de seis personas -cuatro auxiliares y dos técnicos de gestión- que se encargará de la tramitación de la nueva línea de ayudas al pago de recibos de la luz y la calefacción que se incluye dentro del denominado plan de choque pactado por todos los partidos políticos de la Corporación. La reserva económica ya aprobada para estas ayudas de lucha contra la pobreza energética es de 1.750.000 euros y se espera alcanzar a seis mil beneficiarios.
La concejala de Bienestar Social, Eva Illán, cerró ayer el proceso negociador con los grupos municipales previo a la formalización de los trámites a través de las comisiones de Pleno y de la junta rectora de la Fundación de Servicios Sociales, que debe dar el visto bueno a ese ajuste del presupuesto para temas de personal, y a la ejecución técnica definitiva de las bases de la convocatoria pública.
La idea es que las ayudas puedan empezar a solicitarse en octubre por lo que, de no completarse el proceso antes del Pleno ordinario de este mes, no se descarta un Pleno extraordinario para cerrar la operación.
A partir de una cifra máxima establecida 350 euros, las ayudas se organizan en tres tramos con una concesión del 100%, el 75% o el 50% de la ayuda, lo que supone un ingreso municipal de 350, 263 o 175 euros, respectivamente. Sólo habrá un pago al año. A la hora de computar los ingresos se han fijado unos topes según el número de miembros de la unidad pero, en todos los casos, y para llegar al concepto de renta máxima disponible, hay un máximo de 450 euros de gastos justificables que tienen que ver con el pago de hipoteca o alquiler por la vivienda y por los pagos de comunidad.
En cuanto a los requisitos a exigir se plantea también justificar un año de antigüedad como residente en el municipio, que la vivienda sea habitual y permanente del solicitante y su familia, y que se justifique el gasto energético del año hasta el momento de hacer la solicitud de la ayuda.
Xixón Sí Puede hacía llegar ayer al equipo de gobierno, a través de la concejala Estefanía Puente, su interés por rebajar de un año a seis meses el tiempo de antigüedad exigido, eliminar la imposición de presentar la cédula de habitabilidad de la vivienda y la opción de tener más de tres tramos de ayudas para ajustarse de manera más concreta a las necesidades de cada familia. XSP también reivindica aprovechar la tramitación para realizar un estudio sobre las necesidades de la población en materia energética para diseñar un potente plan de energía a medio y largo plazo.
Ajustes del presupuesto
El soporte económico para estas ayudas tiene su base en la modificación del presupuesto de 2015 aprobado en el Pleno del pasado uno de agosto. Para la próxima sesión plenaria hay en marcha tres nuevas modificaciones del presupuesto de este año desde la concejalía de Hacienda que lidera Ana Braña. Una de ellas por cuantía de 4,5 millones y con el objetivo de favorecer el desarrollo de un plan de empleo municipal con 250 beneficiarios. Otra de las medidas previstas en el plan de choque. Estas modificaciones, ahora en manos de los técnicos, se verán en comisión de Hacienda mañana.
