Pese a que el Grupo Covadonga (RGCC) ha rechazado su ultimátum para acatar la fusión y abandonar los litigios, el Centro Asturiano de La Habana ha decidido dar por hecha la operación y poner a disposición de la entidad grupista todos sus bienes, tal y como se contempla en los acuerdos de fusión. Asimismo, critican la "mala fe" y "negligencia" de la junta directiva del Grupo, que todavía no da validez a la absorción.

La directiva del Centro Asturiano, presidida por Marco Antonio Tuñón, ha querido contestar al Grupo a través de un comunicado, en el que anuncia que "se procederá a ejecutar judicialmente la sentencia que da plena validez a la escritura de fusión de fecha 30 de junio de 2011 y a poner a disposición del RGCC todos nuestros bienes". Se refieren a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que obliga al Grupo a hacer efectivos la operación y permitir el acceso a los socios del Centro Asturiano. Sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo por la directiva grupista.

Ésta se niega a reconocer la efectividad de la fusión mientras el Centro Asturiano siga existiendo en el Registro de Asociaciones, que ha rechazado la inscripción de su baja. La directiva de la entidad de Mareo, avalada por la sentencia del TSJA, resta cualquier importancia a esta cuestión registral.

En su comunicado acusan a la directiva grupista presidida por Enrique Tamargo de "mala fe" dado que "de manera sistemática e injustificada vienen oponiéndose a la materialización de una fusión a la que vienen obligados". De hecho, creen que los dirigentes del Grupo "vuelven a demostrar el desprecio por unos valores que, se supone, deberían respetar, que son el cumplimiento de la palabra dada y la asunción de los compromisos asumidos". Hacen mención así a la fusión por absorción acordada por ambas entidades hace años.

El comunicado expresa que "la injustificada actuación de la actual junta directiva del RGCC perjudica por igual a los socios de ambas entidades. Todos ellos se ven impedidos para disfrutar del conjunto de las instalaciones resultantes de la fusión, y sufren los costes de la litigiosidad judicial que dicha situación está generando y de la que nunca se ha rendido cuentas".