El magistrado José Luis Seoana Spiegelberg, de 58 años, es el presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña, en la que se juzgó el hundimiento del "Prestige" y ahora se está enjuiciando el crimen de la niña Asunta. Seoane, que fue decano de los jueces de Gijón, plaza en la que ejerció seis años y donde también fue profesor de derecho en la UNED, ahora compatibiliza su trabajo de magistrado con el de profesor en la Universidad de La Coruña. Regresó ayer a Gijón para impartir una charla sobre delitos contra la hacienda pública dentro del curso La Responsabilidad Penal Empresarial: Comisión y Prevención de Delitos, que organizan la Cámara de Comercio de Gijón y Viliulfo Díaz Abogados y Asesores Tributarios, en la que analizó asuntos como el blanqueo de dinero y el delito fiscal, la determinación de la cuota tributaria defraudada, la nueva regulación del delito fiscal con la ley de 2012 y la última reforma de la ley general tributaria de 2015.
-¿Cuáles son los cambios principales de esas reformas?
-Una regulación más restringida de la suspensión de condena para este tipo de delitos; la posibilidad de que Hacienda continúe el procedimiento de liquidación de la deuda tributaria pese a la existencia de la causa penal al mismo tiempo y nuevas circunstancias agravantes que se introdujeron, como el traslado de fondos a paraísos fiscales o la posibilidad de que la cuota defraudada exceda de 600.000 euros.
-¿Y qué idea trasladó a los empresarios o directivos que participan en el curso?
-Cómo está la regulación normativa del delito fiscal y al mismo tiempo que la responsabilidad no se extiende exclusivamente a la persona física que haya cometido el fraude fiscal, sino también a la propia persona jurídica.
-Parece que es un tipo de delito difícil de perseguir.
-Es complicado perseguir el fraude fiscal. Se conoce que existe una bolsa negra importante de fraude fiscal y hoy en día cambió mucho su concepción. Cuando los recursos del Estado menguan, como consecuencia del fraude, se aumenta la presión fiscal del resto de los ciudadanos, con lo que esas conductas ya son vistas como reprochables en el ámbito de la vida social. Por otra parte, éstos son delitos económicos que traen un efecto corruptor, porque normalmente vienen acompañados del delito de cohecho y de prevaricaciones por funcionarios públicos.
-¿Cree que el plan del Ministerio de Hacienda de hacer públicos los nombres de los grandes defraudadores puede ser una medida disuasoria?
-No lo sé. Habrá que ver si entra en colisión con la intimidad de las personas.
-Los delitos fiscales prescriben en 5 años. ¿No le parece poco, dados los medios con los que suelen contar sus autores para eludir a Hacienda?
-Puede ser, lo que pasa es que en el ámbito del derecho penal se unifican los plazos de prescripción de los delitos según la pena. El tipo básico del delito fiscal es de 5 años de prescripción, pero si concurre algún agravante, la prescripción puede llegar a 10 años.
-¿Es fluida la colaboración de otros países, sobre todo los que pueden ser destino de fondos evadidos, como Suiza?
-Siempre hubo dificultades con respecto al funcionamiento de la justicia suiza. Existe en la UE la UCLAF, que es una oficina dedicada al descubrimiento de fraudes de naturaleza fiscal, que transmite la información que recogen a las fiscalías de los estados.
-En la Audiencia de La Coruña se juzgó el caso del Prestige, que tardó diez años en llegar a juicio. ¿Es demasiado lenta la justicia en España?
-Hay juicios que se demoran excesivamente. Lo que pasa es que también hay instrucciones de naturaleza muy compleja donde a veces tienen que ser instruidos en juzgados de una pequeña localidad, como fue el caso de Corcubión, que carecía de los medios materiales para investigar un delito de este calibre, que fue uno de los más importantes presuntos delitos ecológicos en Europa. Es un problema de medios y de complejidad del asunto; porque había que practicar pruebas en el extranjero, había banderas que avalaban a los barcos que eran fantasmas y había que investigarlas; hubo conexiones internacionales en Londres y Estados Unidos, la Abogacía del Estado pretendió que a España se le indemnizara en Estados Unidos y fracasó en el intento. Es decir, que fue un procedimiento realmente complejo. También el juicio, que duró meses en la Audiencia Provincial de La Coruña y se celebró con unos medios materiales realmente envidiables para lo que es el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia.
-¿Considera que ha quedado esclarecido todo lo que ocurrió en torno al Prestige?
-Ahora está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo, a donde recurrieron el Abogado del Estado, el Fiscal y acusaciones particulares. Se celebró el otro día la vista en el Supremo, que es quien tendrá que decir la última palabra sobre este tema.
-¿Qué medidas cree que se podrían tomar para acelerar este tipo de procedimientos?
-Más medios materiales. Lo que pasa es que a veces las instrucciones requieren tiempo porque, sobre todo en delitos económicos, son investigaciones sumamente complejas y los delincuentes cada vez tienen más medios y cada vez están mejor preparados para evitar ser descubiertos.
-¿Qué opina de limitar el tiempo de las instrucciones?
-La Ley de Enjuiciamiento Criminal quiere limitar el tiempo de la instrucción de las causas penales. Lo que pasa es que difícilmente se puede limitar cuando existe carencia de medios. En lo que todos estamos de acuerdo es que una instrucción que se dilate excesivamente resulta inadmisible, lo que pasa es que se tiene que contar con los medios materiales suficientes para que esa situación indeseable no se produzca. El ciudadano tiene un derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas.
-¿Qué medios?
-De todo tipo, tanto personales como materiales, los dos son imprescindibles. No sólo más jueces, también peritos especializados para hacer el análisis contable. No quiere decir que ni la Policía, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Inspección de Hacienda no estén bien formadas, que lo están, lo que pasa es que a veces faltan personas y medios.
-¿A qué se debe que no se implementen esos medios?
-Eso es la pregunta del millón. Habrá que preguntárselo a las personas que tienen la posibilidad de hacer los Presupuestos Generales del Estado. Es un error pensar que la Administración de Justicia no es necesaria. Un Estado de Derecho se asienta en el respeto a la ley, y la tutela de los derechos se puede exigir ante los órganos jurisdiccionales precisamente. Incluso la demora en la administración de justicia y la inseguridad jurídica que conlleva, genera un efecto pernicioso dentro del funcionamiento de la economía: Son miles de millones de euros los que se encuentran pendientes de sentencia, que muchas veces se encuentran inmovilizados, especialmente en la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, con una cantidad ingente de dinero que está pendiente de aplicación de una sentencia judicial que se demora en el tiempo por falta de los medios adecuados.
-Tanto el caso del Prestige, como el de Asunta, que se está viendo también en la Audiencia de La Coruña, son casos mediáticos, ¿qué tal llevan los jueces esa expectativa?
-Con normalidad. Es el peaje que hay que pagar por el ejercicio de la función jurisdiccional. Yo no soy partidario del protagonismo judicial. A veces se produce sin que el juez lo busque. Yo pienso que con normalidad están llevando esos procesos. El juicio de Asunta es un procedimiento de jurado, que tiene la última palabra para determinar la responsabilidad o no de los acusados.
-¿Cómo recuerda su etapa en Gijón?
-Tengo un recuerdo inolvidable de esos seis años, entre 1984 y 1990 en el juzgado de primera instancia e instrucción número dos, que fueron también una época difícil en plena reconversión del sector naval. Fue para mí una época excelente, a nivel incluso de formación, porque llegué aquí muy joven, con 26 años. Gijón ha sido para mí mi segunda universidad, donde empecé a aprender los rudimentos del derecho.
-¿Qué piensa cuando ve a una antigua compañera de estudios, como Manuela Carmena, de Alcaldesa de Madrid?
-Es una opción personal suya. Ella estaba jubilada de la carrera judicial y siempre tuvo una inquietud social y tomó esa decisión, que yo respeto.
-Hubo una etapa reciente en la que jueces cuestionaron la dureza de la ley en lo referente a los desahucios. ¿Cree que a veces el juez tiene la sensación de no hacer justicia cuando aplica la ley?
-Pues claro que pueden suceder situaciones de ese tipo. Existen posibilidades de actuación, por ejemplo planteando cuestiones de inconstitucionalidad cuando entienden que son leyes que van en contra de la Constitución, planteando cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE cuando entienda que una regulación normativa interna es contraria al derecho europeo, como se hizo en el caso Aziz, de un desahucio por un préstamo hipotecario en Barcelona, que determinó un pronunciamiento sobre la inidoneidad de la legislación hipotecaria española con respecto a la protección de los consumidores y usuarios. Los jueces o tribunales tenemos la obligación de aplicar, incluso de oficio, toda la normativa relativa a la protección de consumidores y usuarios y el juez, como cualquier persona, es sensible a los conflictos sociales, sobre todo cuando tiene que intervenir en razón de su profesión.
