La unión temporal de empresas que llevó a cabo las obras de ampliación de El Musel, Dique Torres, que pretende que los tribunales reconozcan el pago de 350 millones de euros más por la ejecución de esos trabajos, puso la defensa jurídica de sus intereses legales frente al Puerto de Gijón en manos de un bufete de abogados en el que trabajan dos ex altos directivos de Puertos del Estado en la época en que Cascos era ministro de Fomento. Se trata de Juan Ramón García Notario, que fue director de los servicios jurídicos del organismo portuario; y el también abogado del Estado en excedencia Carlos Gil de las Heras.
García Notario es un reconocido especialista en derecho portuario que además de haber trabajado para Puertos del Estado lo ha hecho en el puerto de Las Palmas, Puerto Seco de Madrid, Dirección General de Patrimonio, Parque Móvil del Estado y holding empresarial público de la Comunidad de Madrid. También ha dirigido la comisión legislativa de la ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos. Está casado con la Subsecretaria del Ministerio de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud.
