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El puerto gijonés, en la encrucijada

Rexach y Rato se desmarcan de las actas enviadas a la Fiscalía

El Puerto no atendió el intento de la UTE para cambiar en 2005 el proyecto de ampliación, recalcan sus abogados

03.12.2015 | 04:19
Fernando Menéndez Rexach.

El expresidente y el exdirector de El Musel en la etapa de la ampliación portuaria, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, rechazaron la propuesta de la UTE Dique Torres de modificar el proyecto del "superpuerto"a principios de 2005, antes del inicio de la obra, según indicaron ayer sus abogados, Viliulfo Díaz y Agustín Azparren, señalando que la modificación que planteó la UTE justo después de la adjudicación de la obra no tiene nada que ver con la que finalmente aprobó el consejo de administración de la Autoridad Portuaria en diciembre de 2007.

Las referencias al intento de modificación de la obra por parte de Dique Torres aparecen recogidas en las fotocopias de 61 actas del Comité de Gerencia de la UTE que fueron remitidas de forma anónima a la Fiscalía Anticorrupción y que el juez ha admitido como prueba en el caso que se está instruyendo en la Audiencia Nacional sobre supuestas irregularidades en la ampliación. El fiscal considera relevantes las actas al detectar que muchas de ellas "ponen de manifiesto que la oferta de licitación presentada por la UTE Dique Torres podría carecer de una mínima consistencia en cuestiones tan esenciales como el proyecto constructivo y el precio y que desde un primer momento la unión de empresas adjudicataria tenía pleno conocimiento de estas deficiencias y contaba con la preparación de un planificado".

Según aclaran los representantes legales de los exdirectivos portuarios, "es cierto que la UTE intentó desde el primer momento cambiar el proyecto y redactar un modificado, modificado que encargó a una ingeniería porque suponía cambiar el diseño del dique y en concreto la unión curva entre el dique Norte y el dique Torres. Esta pretensión fue rechazada reiteradamente pese a la insistencia de la UTE y nunca fue aprobado", agregando que el modificado que se aprobó técnicamente a finales de 2007 por el Puerto "no tiene nada que ver" con el pretendido en 2005 por la unión temporal de empresas, dado que "no se produjeron modificaciones técnicas y se incluyeron nuevos precios de materiales pétreos", según los letrados.

El juez ha rechazado citar como imputados a 16 representantes de las empresas en el comité de gerencia de la UTE a lo largo de los cinco años que duró la obra, tal como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción tras recibir las fotocopias de las actas, dado que "no constan en las presentes actuaciones elementos que permitan sostener una imputación" frente a ellos, algo que significa según los representantes de los exdirectivos que el juez considera que de las 61 actas "no se deducen indicios de ilegalidad".

Los letrados recuerdan que la liquidación de obra "fue negativa en algo más de 90 millones de euros, que hay que restar a los 215 millones del presupuesto aprobado en el modificado" y que la reclamación judicial presentada por la UTE de 349 millones de euros, "refleja la disconformidad de la UTE con la gestión de la obra por la Autoridad Portuaria".

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, indicó ayer durante su visita a El Musel que "las intenciones que tuviera la constructora en el momento de la adjudicación pensando que podía presentar o realizar un proyecto alternativo es un problema de la constructora, que no nos afecta a las administraciones públicas" y apuntó que "las obligaciones que tiene un contratista cuando licita es porque va a hacer el proyecto que ha licitado, lo demás es ilegal absolutamente. No entra en mi cabeza un contratista que está ofertando con un valor de dinero una obra que se le va a caer. Las ideas que pudiera tener el contratista en ese aspecto no entro a valorarlas", sino que eso es algo que tendrán que hacer los jueces.

Llorca plantea que la Justicia debe depurar responsabilidades, si las hubiera, pero que a la vez hay que defender la obra ante la UE para evitar la pérdida de subvenciones. "Es una obra de primer orden desde el punto de vista tecnológico, es una obra que está hecha y sirve para el crecimiento del Puerto de Gijón sin lugar a dudas", apuntó, a la vez que la calificó de "éxito de la ingeniería española tanto desde el punto de vista de proyecto como desde el punto de vista de construcción".

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