La magistrada Carmen Lamela Díaz, que instruye en la Audiencia Nacional el supuesto fraude en la ampliación de El Musel, ha acordado citar como investigados (nueva figura del Código Penal que sustituye a la de imputado) a 16 miembros del comité de gerencia de la UTE Dique Torres, tal como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción después de que un anónimo le hubiera remitido las fotocopias de 61 actas de ese órgano de gestión de la UTE que ejecutó la obra de El Musel. Unos documentos que, a juicio del fiscal, revelan que el proyecto al que se adjudicó la obra era supuestamente inconsistente tanto desde el punto de vista técnico como financiero y que la UTE era consciente de esas carencias. La obra se adjudicó en 2005 en 499 millones de euros, en 2007 se amplió el presupuesto en otros 216 millones y el plazo de ejecución en 22 meses. Se acabó liquidando en 708,7 millones de euros (con 124 millones de sobrecostes y 85 de actualización de precios). La UTE ha presentado un recurso contencioso para reclamar otros 350 millones.
En las actas se refleja cómo la UTE planea desde el primer momento modificar el proyecto (algo para lo que ya contrató servicios jurídicos a finales de 2005, a los pocos meses de iniciar la obra), cómo integrantes del comité de gerencia proponen retrasar los trabajos de la obra para forzar al Puerto a pagar más, hacer menos obra de la contratada para ahorrar costes y revender piedra a un precio superior a otras empresas. También se alude a reuniones con altos cargos del Ministerio de Fomento y con el Puerto durante la negociación de los sobrecostes de la obra. Las negociaciones pcon Tudela Veguín y HC para la explotación de sus canteras también se detallan en las actas. La trascendencia de estas fotocopias ha sido cuestionada por fuentes de la defensa, que consideran que no han sido adveradas. El juzgado ha solicitado a la empresa que custodia la documentación de la UTE las actas originales, que son más de las 61 que llegaron al fiscal.
Los nuevos investigados pertenecen tanto a la UTE como a las cinco empresas que la conforman (Dragados, FSP, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas). Todos ellos participaron en reuniones del comité de gerencia de la UTE, si bien no fueron los únicos. La declaración de otros, que figuran en algunas de las actas remitidas a la fiscalía, no ha sido pedida por el fiscal.
La juez tomó esta decisión en un auto del 5 de enero, en el que atiende el recurso de reposición presentado por el fiscal contra la decisión del anterior instructor de la causa de no citar como imputados a los cargos empresariales.
El auto de la magistrada, que puede ser recurrido en apelación, alude a las supuestas irregularidades apuntadas en el informe de la OLAF, en el informe pericial realizado por interventoras de la IGAE y en otros documentos "que hasta el momento no aparecen desvirtuados por otras diligencias", tras lo que apunta que "a ello deben añadirse las sesenta y un actas del comité de gerencia de la UTE Dique Torres, las cuales, aún sin olvidar el modo en que han llegado a conocimiento del Ministerio Fiscal, ponen de manifiesto cómo el citado comité era conocedor de las irregularidades que se llevaron a cabo en cada una de las fases del proyecto". Además la juez considera que aun cuando no se tuvieran en cuenta esas actas, los nuevos investigados "es evidente que deberían conocer todas o parte de las irregularidades que se investigan" dada su condición de miembros del comité de gerencia.
La juez considera que deben declarar y que lo deben hacer como investigados "para que puedan ejercitar su derecho de defensa". Se da la circunstancia de que cuatro de los 16 nuevos imputados ya han declarado en la Audiencia Nacional, si bien como testigos: Manuel Amaro Martínez, Ana Dizy, Guillermo Castañedo y Miguel Eguiagaray.
