A las varias decenas de miles de folios en papel o en digitalizados, que forman parte del sumario del caso del supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel, se acaban de añadir otros 4,64 gigabytes con los 7.480 documentos remitidos por la Autoridad Portuaria de Gijón a petición de la Audiencia Nacional. Un viaje que puede ser de ida y vuelta a Gijón si la magistrada que instruye el caso, Carmen Lamela Díaz, opta por inhibirse a favor de los Juzgados de instrucción de Gijón.
La magistrada, tercera juez que se hace cargo del caso en el Juzgado central de Instrucción Número tres de la Audiencia Nacional, ha solicitado motu propio a las partes que le comuniquen si consideran que la Audiencia Nacional es la competente para instruir el caso de El Musel.
Las acusaciones populares, que ejercen el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan, fundado por destacados militantes de Podemos) y Ciudadanos por Asturias (que lidera Raimundo Abando) le han respondido que sí. Entre los argumentos que han dado están que la propia Fiscalía Anticorrupción en todo momento ha considerado que la Audiencia Nacional es la competente y de echo su denuncia ante la misma fue la que motivó el inicio de las diligencias, además de que debe instruirse en el Juzgado central al tratarse de un asunto en el que influyen supuestos perjuicios a la economía nacional, por la importancia de las empresas implicadas y la relevancia del fraude investigado en relación al total de la UE en 2014 (según se desprende de la memoria de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude de ese año, el supuesto fraude en la obra de El Musel representa una cuarta parte del total comunitario destapado en 2014 por la OLAF).
El planteamiento de tres de las defensas es opuesto al de la acusación popular. Además de reiterar sus peticiones para el sobreseimiento de la causa, las defensas del exdirector y expresidente de El Musel y del exalcalde de Carreño consideran que de no archivarse, la instrucción debe trasladarse a un Juzgado gijonés. Entre otras cosas, se argumenta a favor del traslado los múltiples puntos de conexión con Gijón con el domicilio del Puerto y de la UTE Dique Torres, que Gijón sería el lugar de la supuesta comisión principal de hecho y de la documentación generada, además de que en Asturias fue donde Dique Torres ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Puerto para exigir más sobrecostes.
