La Fiscalía Anticorrupción cuestionó, en un informe del pasado 6 de abril, la necesidad del proyecto de la ampliación de El Musel, obra licitada y adjudicada en 499,35 millones de euros más IVA y que ha acabado costando 830,16 millones, IVA incluido.
Ese fue uno de los argumentos del ministerio público para defender que el juzgado competente para instruir el caso sigue siendo la Audiencia Nacional. La juez ha decidido inhibirse en favor de los juzgados de Gijón, postura que sólo defendieron los abogados del exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato y del exalcalde de Carreño, Ángel Riego. El resto de defensas y acusaciones abogaban por mantener el caso en la Audiencia Nacional.
En el auto del pasado 15 de julio en el que la magistrada del juzgado central de instrucción número tres se inhibió a favor de Gijón, ésta rechaza el argumento de la fiscalía sobre la supuesta innecesariedad del proyecto de ampliación. La juez apunta que todas las acusaciones, incluyendo la pública, "hasta el momento han centrado su atención no en la necesidad del proyecto, sino en el suministro de materiales" y agrega que "tampoco la investigación ha sido dirigida frente a otras personas distintas de las que integraban los órganos directivos del Puerto de Gijón o formaban parte de las empresas adjudicatarias de la ejecución del proyecto".
El informe del Ministerio Fiscal pone en duda la necesidad del proyecto de ampliación ante las discrepancias técnicas entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, a lo que la magistrada matiza que esas discrepancias "no impidieron que finalmente Puertos del Estado emitiera informe favorable a la realización del proyecto" el 13 de julio de 2004.
La juez considera que de las investigaciones realizadas se desprenden indicios de delito, pero que el mismo debe instruirse en un juzgado de Gijón dado que el supuesto fraude, que estima en unos 250 millones, a pesar de ser cuantioso, no es relevante para la economía nacional y los hechos se circunscriben a Gijón. Rechaza, así mismo, que la Audiencia Nacional sea competente ante la posibilidad de que la UE decida recuperar las subvenciones concedidas a la obra, "ya que tal reclamación no se ha producido hasta el día de la fecha".
Respecto a las alegaciones presentadas por algunas de las partes de que la Audiencia Nacional dispone de más medios para investigar un caso complejo como el de El Musel, la juez señala que por sí sólo eso no basta para que el caso siga en la Audiencia, que la investigación se encuentra avanzada y que ninguna de las partes ha solicitado que se declare de complejidad la causa por cinco supuestos delitos, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la Hacienda Pública.
Supuesto cohecho
En un auto posterior, del 18 de abril, la juez también se inhibió a favor de los juzgados de Gijón de la pieza separada abierta tras una denuncia de Anticorrupción por supuesto cohecho "como consecuencia de la facturación a la UTE Dique Torres por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón del coste derivado de la organización del evento lúdico gijonés "A ver la Ballena", totalmente ajeno al contrato de ampliación del Puerto. Dique Torres destinó alrededor de 900.000 euros a ese programa lúdico con actuaciones en la vía pública.
