La guerra interna del Partido Popular de Gijón suma un nuevo capítulo por parte de los cinco exconcejales críticos con la actual directiva que vuelven a señalar a la presidenta regional Mercedes Fernández como responsable acusándola de "esconderse" tras la ejecutiva local y "desvincularse de sus evidentes responsabilidades en la violación reiterada de los derechos constitucionales y políticos de los afiliados, de las leyes y de las normas internas del PP".
La nueva puya contra Mercedes Fernández obedece ahora a la decisión de la actual junta local gijonesa de recurrir la sentencia que anuló el Congreso del PP de Gijón, celebrado el 7 de febrero de 2015, al considerar el juez que el censo del que se nutrieron las candidaturas para la obtención de avales era erróneo al incluir afiliados sin estar al corriente de pago o, incluso, algunos ya muertos.
Para los cinco exconcejales populares la "ilegalizada" junta local no tiene competencia para decidir si se recurre este fallo judicial. Su argumentario se sustenta en que fue el Comité Ejecutivo Regional quien convocó ese congreso tras resultar anulado el precedente, de octubre de 2014, en que resultó elegido David Medina. "El congreso local fue convocado a instancias de Mercedes Fernández en el mismo Comité Ejecutivo Regional en el que se adoptó el acuerdo de no recurrir la anterior resolución judicial. Resulta evidente que quien debería debatir y resolver sobre un recurso es el Comité Ejecutivo Regional", defienden Manuel Pecharromán, Raquel Vega, Gabriel Díaz, María Teresa Menéndez y Francisco Rodríguez Cubiella en un comunicado conjunto que llega después de que el PP gijonés acordase que recurrirá la sentencia del Juzgado de primera instancia número 11 que anuló su último congreso.
Por su parte, la actual junta local se agarra al argumento de que los militantes se pueden poner al corriente de pago de sus cuotas pendientes en los días previos al congreso y así poder participar en el proceso. Una interpretación distinta de la que transmitió el juez Sergio García en la aclaración de la sentencia que solicitó el propio partido. La Audiencia Provincial será quien resuelva el conflicto una vez se presente el recurso que critican los exconcejales díscolos.
Los exconcejales que formaron parte de la anterior corporación municipal, bajo el liderazgo, en un principio, de Pilar Fernández Pardo, reprochan también a Mercedes Fernández su silencio ante el conflicto que ha provocado "una situación anómala y muy grave sin que nadie haya asumido la más mínima responsabilidad". "Desde la sentencia que anuló el congreso los únicos que aparecen a dar la cara, aunque con manifestaciones más que desafortunada, son Mariano Marín y Pablo González, presidente y secretario general de la ilegitima junta" señalan los críticos, que tildan de "falso protagonismo" al papel que juegan tanto Marín como González e inciden en señalar a Mercedes Fernández como "la única, última y permanente responsable" de la situación.
Manuel Pecharromán, Raquel Vega, Gabriel Díaz, María Teresa Menéndez y Francisco Rodríguez Cubiella van más allá en los reproches contra su presidenta. Con el primer congreso anulado Mercedes Fernández "entendió que no era conveniente recurrir la sentencia a cuatro meses de las elecciones autonómicas -comicios en los que encabezaba la lista del Partido Popular de Asturias-". Ahora, considerando que no habrá pacto tras las elecciones del 20 de diciembre, reprueban que "a dos meses de las elecciones generales en las que Mariano Rajoy encabezará la lista del partido entiende lo contrario y ordena recurrirla".
