La prevención de la corrupción en la contratación pública, junto a la fijación de criterios para primar a las empresas social y medioambientalmente responsables, centraron ayer la última de las mesas redondas de la Cuarta Jornada de Contratación Pública Responsable, que congregó en el Antiguo Instituto Jovellanos a representantes de cinco de las seis fuerzas parlamentarias de la Junta General del Principado con la única ausencia del PSOE, también invitado según el Consejo de Fundaciones del Principado de Asturias, organizador del acto.
Tres de los ponentes, los diputados regionales de Podemos y Ciudadanos, Lorena Gil y Armando Fernández Bartolomé, así como el coordinador general de IU de Asturias, Manuel González Orviz, aludieron directamente a la lucha contra la corrupción -sin citar ningún caso concreto- como una de las necesidades de mejora de la normativa de contratación pública. No en vano, los tres grupos acaban de aprobar con sus votos y la abstención de Foro Asturias y PP, una proposición no de ley rechazada por el grupo socialista, en la que se insta al gobierno regional del PSOE a que en el plazo de seis meses dé los pasos necesarios para introducir a partir de 2017 cláusulas sociales y medioambientales en los contratos de la administración autonómica. Esa proposición no de ley iniciada por Podemos plantea, entre otras cosas, que en la contratación del Principado se tenga en cuenta "la ausencia de prácticas de corrupción y financiación ilegal de partidos políticos".
Lorena Gil aludió directamente a ello en su intervención, reclamando la "prevención de la corrupción o los conflictos de intereses" en la contratación pública. En esa proposición, que insta al Gobierno regional a que la mitad de los contratos del Principado en 2017, y todos a partir de 2018, incluyan cláusulas no sólo contra la corrupción, sino también las que primen el trabajo digno y buenas prácticas medioambientales en las empresas y penalicen, las que precarizan el trabajo y las que recurren a la ingeniería financiera o a paraísos fiscales, además las citadas relativas a la corrupción y financiación de partidos.
González Orviz, apuntó por su parte que "algo se está haciendo mal" cuando la Constitución ya establece la necesidad de avanzar en la equidad y se tiene que recurrir para avanzar en lo social "a retorcer la Ley de Contratos de las administraciones públicas" y apuntó que la modificación legislativa del año 1995 fue "nefasta" al incrementar las cuantías de los contratos menores y dejar en manos de funcionarios determinados informes, lo que se ha traducido que en casos de corrupción en España no sólo estén acusados políticos, sino también "funcionarios de alto nivel".
Armando Fernández Bartolomé, resumió en una frase planteamientos que de forma más extensa hicieron también otros ponentes: "Las administraciones públicas tienen que ser ejemplares", algo con especial trascendencia "en un momento complejo en la historia de España, donde la corrupción muchas veces está asociada a la contratación pública" agregando que la ejemplaridad en la administración no se ciñe a sus dirigentes políticos.
La segunda variable que se abordó en la charla fue la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales. En palabras del diputado regional de Foro Asturias, Pedro Leal, "resulta ilógico transferir recursos públicos a empresas que contaminan o que no respetan los derechos de los trabajadores", si bien matizó que la inclusión de esas cláusulas sociales deben respetar la "seguridad jurídica, transparencia e igualdad" en la contratación pública.
La diputada regional del PP, Emma Ramos, hizo un repaso a la situación de la normativa europea y estatal al respecto, señalando que la ley española ya establece que "la administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público", lo que precisamente abre la puerta a fijar para la licitación o ejecución del contrato cláusulas sociales o medioambientales, tal como está promoviendo la UE, quien señaló que esos criterios deben ser "coherentes, dentro de unos límites". La diputada popular aludió a Ley de Contratos del Sector Público de marzo de 2015, en la que entre otras cosas se fijan la promoción del desarrollo de las Pymes y de la innovación, como posibles criterios, además de la eficiencia del gasto público y los principios de igualdad de trato y no discriminación, transparencia y proporcionalidad.
Lorena Gil fue un tanto crítica con la normativa actual. "La inclusión de cláusulas sociales a veces se observa como un buenismo teórico, cuando debiera tener un enfoque práctico importante y no dejarlo en mera teoría", apuntando que el Congreso está tramitando una nueva ley de contratos del sector público, pero Podemos opina que antes ya se pueden aplicar esas medidas en Asturias, tal como han hecho otras comunidades y municipios, de ahí la proposición no de ley aprobada en la Junta General.
También fue crítico y en el mismo sentido, el coordinador regional de IU, al señalar que la ley de 2015 dice, por ejemplo, que todas las empresas de más de 50 trabajadores deben tener en nómina al menos un 2% de discapacitados, pero deriva su aplicación práctica al desarrollo de un reglamento, con lo cual es "un brindis al sol".
