Dos constructores y el apoderado de una entidad bancaria se sentarán en junio en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial como responsables de un delito de estafa. El fiscal asegura que los tres gijoneses dejaron en la calle a seis familias de La Arena que se quedaron sin sus pisos al incumplir los procesados el contrato de permuta que habían firmado. Según lo pactado los denunciantes tenían derecho a recibir nuevas viviendas en el edifico que iban a levantar los constructores a cambio de la venta de la parcela.

Los hechos tuvieron lugar, según el representante del ministerio público, en el año 2006 por lo que, tal y como recalca la Fiscalía, las víctimas de esta supuesta estafa llevan diez años esperando una solución a su problema. Hace una década uno de los procesados firmó "contratos de permuta de finca urbana por bienes de futura edificación" con los propietarios de seis inmuebles situados en el número 10 de la calle Eladio Carreño. El acuerdo era sencillo: el constructor compraba la parcela en la que se asentaban las viviendas de los denunciantes y se comprometía a otorgarles siete de las 15 nuevos pisos El constructor fue incluso más allá y se comprometió a hacerse cargo "de los alquileres que tuvieran que abonar los vendedores por el desalojo durante el tiempo que durara la obra".

Los problemas no tardaron mucho. Semanas después de firmar las permutas el constructor pidió un préstamo de 600.000 euros al banco en el que trabajaba otro de los procesados, que ejercía como apoderado y que, según el ministerio público, "conocía la precaria situación económica de la empresa constructora". "No habían transcurrido ni ocho meses cuando las mismas partes aumentaron el préstamo", relata la Fiscalía. La nueva inyección de capital tampoco fue suficiente. Dos años después y tras seis meses de paralización de las obras el comprador del solar vendió el proyecto a una segunda constructora. El tercer imputado es, precisamente, el responsable de esta segunda empresa que asumió la obra firmando un contrato en el que, según el ministerio público, "se omitía la referencia a las permutas y se hacía constar que el comprador no asumía ninguna obligación frente a terceros", asegura el fiscal.

Algunas de las viviendas que habían sido prometidas -valoradas en total en casi un millón de euros-, fueron vendidas por la segunda constructora a terceros. La Fiscalía acusa ahora a los procesados de un delito continuado de estafa. El primer constructor que se hizo cargo de la obra ya había sido condenado por la Audiencia a otros cuatro años de cárcel por otro delito de estafa.