Ciudadanos reclama un informe jurídico sobre los cambios de valores catastrales

"Es necesario saber si hay que devolver de oficio el IBI cobrado estos años y a cuánto asciende", sostiene Sarasola

22.06.2016 | 04:17
José Carlos Fernández Sarasola.

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento gijonés va a pedir, en la comisión de Hacienda, que los servicios jurídicos municipales elaboren un informe en torno a la posible obligación del Ayuntamiento de devolver de oficio el IBI recaudado en los últimos años, por los planes urbanísticos fallidos que invalidaron las recalificaciones de muchos suelos. A Ciudadanos le interesa, además, que se cuantifique el monto de esa devolución, si procede.

"Nos podríamos encontrar ante el primer perjuicio económico directo hacia el Ayuntamiento derivado de los PGO fallidos, y creemos que es necesario saber, cuanto antes, el criterio de los servicios jurídicos municipales y de cuánto dinero estaríamos hablando", expuso José Carlos Fernández Sarasola, portavoz y único edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento gijonés. Sarasola asegura que el Ayuntamiento gijonés no notificó al catastro las anulaciones de los planes generales hasta la sentencia del Supremo del 2015 "por lo tanto siguió cobrando un IBI que no correspondía a pesar de que había ya sentencias que anulaban los planes", reprocha. No ha sido hasta el pasado mes cuando han empezado a llegar las notificaciones oficiales con las nuevas valoraciones catastrales a los propietarios, en envíos directos a los particulares por parte de la Gerencia Regional del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Sarasola también señala al respecto del tema que aunque se apruebe lo antes que se pueda un nuevo PGO -lo que ya dijo el concejal de Urbanismo, Fernando Couto, que no sucedería antes de finales del 2017- "excepto los núcleos rurales -donde vuelve a haber una recalificación- la situación seguiría igual ya que el nuevo plan no contempla ninguno de los urbanizables excepto el de Cabueñes, y hay una reciente sentencia que dictamina que no se podrá cobrar IBI como terreno urbano a fincas que tengan la calificación de urbanizable hasta que no se hayan dado pasos para ese desearrollo, como aprobación de planes parciales o especiales". Para Ciudadanos, "nos tememos que el Ayuntamiento tenga que afrontar devoluciones bin de oficio o a instancia de los tribunales".

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