La anulación de parte de las pruebas presentadas por la Policía en el juzgado y la ausencia de claros indicios incriminatorios contra los acusados llevaron ayer a la magistrada titular del juzgado de lo penal número 3 de Gijón a absolver a los tres presuntos piratas informáticos acusados de formar la cúpula de "Anonymous" en España y para los que la Fiscalía asturiana pedía cuatro años y tres meses de prisión. La juez critica que no se llevara a cabo una correcta cadena de custodia de las pruebas incriminatorias y recuerda que durante la investigación ya se tuvieron que anular las grabaciones que la Policía realizó cuando el cabecilla de la trama -un marino de origen gijonés-, hablaba por teléfono con su abogado.
La magistrada es contundente en el fallo. "No consta que los acusados pertenecieran a un grupo criminal que tuviera como objeto cometer de forma concertada uno o varios delitos", asegura en la sentencia. La juez niega, de esta manera, que pueda probarse que los tres imputados fueran los responsables de los ataques informáticos que sufrieron en mayo de 2011 -poco antes de las elecciones municipales-, las páginas web del Congreso de los Diputados, la UGT y la Junta Electoral Central.
La Policía detuvo poco después de estos hechos al gijonés al que los agentes señalaron desde un primer momento como el cabecilla de la trama. Los funcionarios se incautaron en la vivienda del arrestado de tres ordenadores de los que salieron las pruebas más importantes de este procedimiento. Unas pruebas que fueron invalidadas poco después. La juez asegura que en los informes presentados en sede judicial sobre los contenidos de estos ordenadores "se aprecian datos confusos y contradictorios acerca de los precintos de los ordenadores incautados a los acusados que no fueron aclarados de forma razonable por los funcionarios intervinientes en las distintas diligencias sino que, al contrario, incurrieron en contradicciones y se apreció confusión en sus manifestaciones". Todo ello, insiste la juez, "viene a evidenciar que no se han adoptado medidas suficientes para preservar la identidad e integridad de las pruebas".
En lo que sí da la razón la juez a la Policía Nacional es en la necesaria infiltración de uno de los agentes en el supuesto grupo criminal. Un policía concertó una cita en Barcelona con uno de los imputados haciéndose pasar por miembro de "Anonymous". "Los funcionarios policiales no provocan nada, sino que se limitan a comprobar la veracidad de la acusación mediante técnicas de investigación que pueden consistir en la comprobación directa de los hechos denunciados, tratando de impedir la continuación del delito", defiende la juez. "No se puede considerar que los hechos objeto de enjuiciamiento se desarrollaran como consecuencia de la iniciativa del agente cuestionado", resalta la magistrada.
El proceso judicial contra los imputados de "Anonymous" ya había sido archivado en mayo de 2011. Un juzgado de instrucción de Madrid decretó la reapertura del procedimiento en julio de 2012, poco antes de que se hiciera cargo de la instrucción un juzgado de Gijón.
Contra la absolución de los tres imputados aún cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial.
