La Agencia Española de Protección de Datos acaba de imponer una multa de 1.000 euros a los responsables de un concesionario de coches de la ciudad, a los que acusan de no tratar con la diligencia debida los datos personales de uno de sus clientes. La Agencia asegura que el equipo de publicidad de la empresa mandó un correo electrónico a un ciudadano que ya había comunicado oficialmente su voluntad de no seguir recibiendo promociones.

Todo empezó el 14 de febrero de 2015. El ahora demandante -que había comprado un coche en el concesionario y posteriormente había acudido a que le hicieran una reparación-, recibió entonces un mail de publicidad de la empresa. Al día siguiente respondió a ese correo exigiendo que no se le enviaran más comunicaciones comerciales. Nueve meses después, en noviembre, el demandante volvió a recibir otro mail, en esta ocasión desde la cuenta de la marca que distribuía el concesionario al que había acudido.

A pesar de que la empresa argumentó durante la investigación que el cliente no había solicitado la baja del servicio por los cauces adecuados, Protección de Datos les acusa de no haber tramitado la solicitud del demandante.