Una resolución firmada por la edil de Hacienda y Organización municipal, Ana Braña, a principios de octubre -y que ayer se oficializaba en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)- sirvió para aprobar el nuevo plan de disposición de fondos del Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos. Se trata de un instrumento de planificación de la tesorería municipal en el que se recogen los criterios a aplicar en la expedición de las órdenes de pago y su orden de prioridades. Es un documento de carácter obligatorio que viene fijado en la ley reguladora de Haciendas Locales. De hecho, en ejercicios anteriores la Sindicatura de Cuentas había afeado al Ayuntamiento gijonés no haberlo presentado. Las condiciones fijadas tanto en el artículo 135.3 de la Constitución Española como en el artículo 14 de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera imponen al Ayuntamiento, y así se indica en este documento, que la prioridad en los pagos serán los intereses y amortización del principal de la deuda prevista en los presupuestos. Por detrás están las retribuciones al personal, las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, las cargas sociales... El proyecto de presupuesto de Foro para 2017 tiene una reserva de 23 millones para deuda pública.
