El informe pericial encargado por Dique Torres a Pricewaterhouse llega a la conclusión de que la UTE perdió dinero en la compra de materiales de cantera para la obra de ampliación, a pesar de los sobrecostes que El Musel le pagó por ello. La cuenta que echa el perito Ángel Muñoz Martín para llegar a esa conclusión incluye entre los costes la preparación del material y movimientos entre acopios del mismo en el interior del Puerto, labor necesaria dado que "los fines de semana y demás días festivos" las canteras no trabajaban, explica el informe.
El perito contabiliza como costes por el suministro de materiales 185,99 millones, mientras se cobró 158,94 millones del Puerto. Ese resultado negativo se da por la inclusión de las tareas realizadas en los acopios, valoradas por la UTE en los 46,90 millones reseñados. El perito señala que el pliego de condiciones técnicas en base al que se adjudicó la obra obligaba a la UTE a que "parte del material debía ser acopiado en las inmediaciones de la obra para su estudio, clasificación, y tratamiento así como para disponer de material acumulado en suficiente cantidad como para poder continuar con las labores de vertido los fines de semana y demás festivos en los que, por norma general, no se suministraba material desde las canteras".
El Puerto pagaba los materiales de cantera y rellenos en base a dos conceptos: suministro y puesta en obra. Por el suministro de materiales el Puerto pagó 158,94 millones de euros y por su puesta en obra 71,46 millones de euros. En total, 230,41 millones de euros. El informe de Pricewaterhouse no hace referencias a lo que le costó a Dique Torres la puesta en obra de los materiales, frente a los 71,46 millones de euros que cobró por ese concepto.
El informa de la OLAF sostiene que Dique Torres se lucró con las canteras de Tudela Veguín (La Hoya y Peña María), al considerar que no hubo ninguna "contraprestación económica directa" a la cementera por los materiales extraídos de ellas, abonando sólo 7,7 millones de euros de costes de perforación y voladuras.
Pricewaterhouse sostiene en cambio que Dique Torres perdió dinero al explotar las canteras de Tudela Veguín. La UTE, según el perito, abonó 76,79 millones de euros por diversos conceptos, incluido el transporte de esos materiales, mientras que el Puerto sólo le pagó 50,50 millones. De ser cierto, la UTE habría perdido 26,29 millones de euros explotando esas canteras.
Ese cálculo del informe pericial encargado por Dique Torres choca con el recurso contencioso administrativo presentado por la UTE para reclamar al Puerto 349,71 millones de euros, adicionales a los 708,7 en que se liquidó la obra. La principal partida de esa reclamación son supuestos sobrecostes por 157,98 millones de euros que la UTE vincula a las canteras de Tudela Veguín. Esto es, Dique Torres está reclamando al Puerto 131,69 millones de euros más de los 26,29 que el informe pericial que encargó dice que perdió al utilizar esas canteras.
El informe también señala que la adjudicación de la obra en 499,35 millones de euros más IVA "no se trataba de un contrato a precio cerrado o tanto alzado, sino que el precio final se determinaría en función de la obra efectivamente ejecutada con arreglo a los precios unitarios pactados". Un planteamiento con el que justifica el incremento presupuestario del 43% que se hizo con la modificación del proyecto -aprobada técnicamente en 2007 que elevó el presupuesto hasta los 715,66 millones más IVA y prolongó el plazo para realizar los trabajos en 22 meses- argumentando la imposibilidad de explotar las canteras previstas en los pliegos del concurso y en la oferta formulada por Dique Torres; las de Aboño (cuya explotación se inició con dos años de retraso) y Perecil (para la que no se tenía licencia).
La utilización de las nuevas canteras "supuso además de un evidente aumento del coste de transporte, un sobrecoste del material debido a que los procesos de manipulación, clasificación y acopio intermedio eran mucho mayores que en una cantera de obra donde la programación y los planes de voladura se ajustan a las necesidades de la misma", señala el informe.
La obra se liquidó finalmente en 708,7 millones de euros (sin contar el IVA), de los que 85,24 se corresponden con la actualización de precios, debido fundamentalmente a que el Puerto consideró la cantera de La Hoya como cantera de obra y no pagó los suplementos por la piedra vinculados a las canteras comerciales. Los tribunales han paralizado la tramitación del contencioso en el que la UTE reclama otros 349,71 millones hasta que se sustancie la investigación penal abierta en la Audiencia Nacional.
