En el primer año desde la finalización de las obras de ampliación portuarias en que se obtienen resultados económicos positivos, con un saldo neto de 1.002.641 euros al cierre del ejercicio de 2016, El Musel alberga motivos añadidos para enderezar sus cuentas, lastradas por las obligaciones de los créditos que tuvo que solicitar para financiar los trabajos del "superpuerto". El consejo de administración conoció ayer la mejora de las condiciones financieras para la devolución del préstamo concedido en su día por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que aportó a la Autoridad Portuaria 250 millones de euros. En la práctica, esas mejoras se traducen en que durante los próximos seis años, la Autoridad Portuaria se ahorrará 5 millones de euros anuales en la devolución pactada.

El acuerdo alcanzado con el BEI supone ampliar en cuatro años adicionales el plazo de vida del crédito, que se cancelará en 2037 y no en 2033 como estaba previsto. Supone también desplazar el coste de las amortizaciones más elevadas a los años finales de vigencia del crédito. También se ha conseguido la mejora de los tipos de interés y de los costes de cancelación en un acuerdo que sorprende que no se hubiera realizado antes, por anteriores mandatarios portuarios de Gijón.

De los 250 millones del crédito concedido a El Musel por el Banco Europeo de Inversión aún restan por devolver 213. La reestructuración de las condiciones financieras con la entidad bancaria comunitaria afectan a 91 millones de euros. El resto de la deuda está impuesta a un tipo fijo, lo que encarecería cualquier operación que se llevara a cabo.

Como se recordará, la Autoridad Portuaria de Gijón tuvo que recurrir a un crédito de 250 millones de euros con el BEI y a otro por valor de 215 millones que se firmó con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Puertos del Estado. Ambas cantidades suman los 465 millones de deuda con la que tuvo que cargar el Musel para financiar la polémica ampliación, cuestionada ahora por Europa y los tribunales de justicia. El crédito que fue concedido por el ICO se destinó a afrontar los elevados sobrecostes de la faraónica actuación, después de que la Unión Europea se negara a sufragarlos.

El Puerto cerró el ejercicio de 2016 con un beneficio neto ligeramente superior al millón de euros, sobre la base de una cifra de negocio de 41 millones y un resultado de explotación de más de 13. En 2015, el saldo fue negativo, de más de 600.000 euros.

Otros de las asuntos que fueron tratados en la mañana de ayer en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria fue el acuerdo de enajenación, mediante el procedimiento de subasta, de los terrenos que ocupa el antigua astillero de Naval Gijón. El proceso que culminará en la subasta de ese suelo industrial se iniciará con la apertura de un plazo de presentación de ofertas en sobre cerrado. El precio mínimo de licitación se ha fijado en 5,4 millones de euros, en base a una tasación realizada en junio.

El acuerdo que afecta a los terrenos de Naval Gijón adoptado ayer por el consejo incorpora una cláusula según la cual si en la revisión urbanística pendiente, dentro de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del Ayuntamiento o en futuros planeamientos, se decidiera el incremento de valor de la parcela que ocupó el astillero y que ahora sólo se emplea para acoger cada verano a la "Semana negra", el comprador estaría obligado a resarcir económicamente a la Autoridad Portuaria.

Se aprobaron también los pliegos por los que se regirá la prestación del servicios comercial de "bunkering" de gas natural licuado (el suministro de gas desde El Musel a los barcos, desde gabarra o camiones cisterna) a la espera de que pueda entrar en servicio la regasificadora; y se desestimaron las alegaciones por Enagás Transporte, la empresa que construyó esa instalación cuestionada por los tribunales, a la que se penalizará económicamente por el incumplimiento de los tráficos mínimos previstos en el acuerdo de concesión de la regasificadora. El puerto reclama por este motivo a Enagás 400.000 euros.

Por último, el consejo de administración del puerto acordó una reducción del cuarenta por ciento en el pago de cada dieta por asistencia a las reuniones del principal órgano decisorio de El Musel. Cada consejero cobrará 455 euros por asistencia a un máximo de ocho consejos al año. No se cobrará retribución alguna por cada reunión que supera la cifra de ocho anuales.