Enagás, la compañía propietaria de la regasificadora de El Musel estima que podrá poner la planta en servicio a lo largo de 2018, tras una nueva tramitación administrativa, el cierre de contratos con potenciales clientes y una revisión técnica de la instalación. La empresa comenzará a dar esos pasos sucesivos una vez que haya sido aprobado el real decreto que tramita el Gobierno para levantar la moratoria en función de la cual la regasificadora permanece hibernada desde 2012, año en el que culminó su construcción, sin haber entrado nunca en funcionamiento.
La primera traba para que la regasificadora pueda llegar a entrar en servicio, la política, está en vías de superarse con el proyecto de real decreto que levantará la hibernación de una instalación en la que Enagás invirtió 282 millones de euros. El proyecto de real decreto salió a información pública el pasado 7 de marzo, tras la reunión que mantuvieron en Madrid el pasado 31 de enero el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal y el Consejero de Industria del Principado, Francisco Blanco. El periodo para presentar alegaciones ante la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio concluye el próximo 28 de marzo.
La siguiente traba que tendrá que superar Enagás para poner en servicio la planta es la sentencia del Tribunal Supremo que anuló su autorización administrativa por haber iniciado la tramitación de la misma cuando estaba vigente un artículo del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) que prohibía este tipo de instalaciones a menos de dos kilómetros de núcleos habitados, cuando la regasificadora dista menos de varios barrios gijoneses y de una urbanización de Carreño.
Enagás solicitará al Ministerio una nueva autorización administrativa. La empresa considera que no habrá ninguna traba a la legalización de la instalación, dado que aquel y otros artículos del Raminp fueron derogados en Asturias por la ley de acompañamiento de los presupuestos del Principado del año 2007.
La compañía no prevé tener que repetir la tramitación ambiental para poder legalizar la planta, sino que considera que con obtener una autorización administrativa que supla a la anulada será suficiente.
En cualquier caso, hasta que la instalación no esté legalizada, Enagás no dará los otros dos pasos que serían necesarios para su reapertura. El siguiente a la regularización administrativa sería cerrar contratos con compañías comercializadoras de gas natural licuado, interesadas en usar los dos tanques de Enagás en El Musel para almacenar temporalmente el combustible y reexportarlo después a terceros países. Enagás ya había estado cerca de cerrar un acuerdo con la compañía rusa Novatek para almacenar gas extraído de la región del ártico ruso de Yamal. Los problemas jurídicos de la planta, tras la impugnación por Equo y por varios colectivos más de la autorización para construirla, impidieron a Enagás cerrar aquel acuerdo y Novatek está usando ahora el puerto belga de Brujas como punto de almacenamiento intermedio del gas que extrae de Yamal. Las perspectivas futuras de Enagás para la planta de El Musel pasan por comercializadores distintos de la compañía rusa, según explican fuentes de Enagás.
La deshibernación de la planta, su legalización administrativa y la firma de contratos con clientes no son los únicos aspectos que tendrá que superar Enagás antes de poder poner en marcha la instalación. Después de todos ellos la regasificadora tendrá que someterse a una minuciosa revisión técnica, que se prolongará durante varios meses, para poner a punto unas instalaciones que nunca han entrado en funcionamiento.
El proyecto de real decreto que va a levantar la hibernación de la regasificadora plantea dos condiciones. Por un lado, que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) informe favorablemente respecto a repercusiones económicas en el conjunto del sistema gasista español de la entrada en servicio de la instalación gijonesa. Por otro lado, que la misma obtenga una resolución favorable del Ministerio sobre sus condiciones técnicas.
Enagás también aclara que la deshibernación de la regasificadora de El Musel no supondrá que el Estado deje de remunerar al resto de plantas de regasificación que este operador logístico tiene repartidas por otros puertos españoles, todas ellas con más de diez años de antigüedad. El proyecto de real decreto abre la posibilidad de que el Estado saque del sistema retributivo a las instalaciones o elementos de instalaciones de transporte, regasificación y almacenamiento básico que hayan superado su vida útil. La memoria que acompaña al proyecto del real decreto cita expresamente en este punto a las instalaciones de "vaporización", esto es, regasificación. No obstante, Enagás sostiene que no se verían afectadas las regasificadoras que tiene en otros puertos españoles, sino sólo parte de sus instalaciones.
Por su parte, Marcelino Abraira, abogado del Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y de la Asociación Gren, que han conseguido una de las dos sentencias que anuló la autorización administrativa de la regasificadora, anunció ayer su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto en cuanto se apruebe.
Abraira añadió que si Enagás pide la nueva autorización "basándose en que en 2007 en Asturias se anuló el artículo 4 del Raminp", se opondrán sañalando que una sentencia sobre la depuradora de El Pisón ya dictaminó que el Raminp volvió a estar vigente en su plenitud tras la ley estatal de Calidad del Aire de noviembre de 2007 y que además, la Ley de lo Contencioso Administrativo considera nulo cualquier acto administrativo tendente a incumplir una sentencia firme, como la que anuló la autorización de la planta.
