15 de marzo de 2017
15.03.2017

El matrimonio acusado de blanquear 570.000 euros del narcotráfico niega los hechos

La Fiscalía mantiene su petición de tres años de cárcel para cada uno de los encausados, ya condenados en 2009 por un delito similar

15.03.2017 | 20:14
El matrimonio acusado de blanquear 570.000 euros del narcotráfico niega los hechos

El matrimonio acusado de lavar más de 570.000 euros procedentes de la droga negó los hechos en el juicio celebrado en la mañana de hoy en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, razón por la cual, la defensa pidió la libre absolución de los acusados.

Por contra, la Fiscalía de área de Gijón se mantuvo en su petición de condenar a tres años de cárcel a cada uno de los acusados, y una multa de 180.000 euros por un delito de blanqueo de capitales.

Los acusados son miembros de una familia que, ya en el año 2009, fue condenada por un delito similar. En aquella ocasión, fueron hasta ocho los miembros del núcleo familiar los condenados. El patriarca, ahora encausado de nuevo, fue el que recibió la mayor pena, dos años de prisión, mientras que su mujer soportó seis meses. Además, hasta media docena más de familiares sufrieron penas menores estimando que "no tenían un pleno conocimiento de las actividades de tráfico de drogas" del patriarca "sino solo sospechas", entendiendo además que "solo ayudaron tangencialmente aceptando dinero y que los bienes inmuebles fueran puestos a su nombre". Del mismo modo, se les fue impuesta una multa por valor superior a 340.000 euros.

En su momento, el ministerio fiscal entendió que entre los años 2001 y 2005, la familia, con el patriarca a la cabeza, aumentó su patrimonio en más de un millón y medio de euros de manera no justificada, adquiriendo, entre otros bienes de gran valor monetario, viviendas, plazas de garaje y varios vehículos, algunos de ellos de alta gama.

Precisamente, uno de estos inmuebles, una finca sita en el barrio gijonés de La Guía, tasada en 96.000 euros, les fue comisada en dicha sentencia. La finca salió a subasta en el año 2014, resultando adjudicada por un precio de 570.892 euros a la propia familia.

Según estima el ministerio público, el matrimonio es titular de más de una decena de fincas pese a no ejercer actividad laboral alguna y el escaso tiempo que estuvieron dados de alta en la Seguridad Social, apenas tres años y ocho meses la acusada, y quince años y siete meses su marido.

Por ello, la Fiscalía sostiene que su patrimonio, y más concretamente el metálico con el que pudieron adquirir la finca comisada en el anterior juicio, "procede del tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas".

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