22 de abril de 2017
22.04.2017

Barettino niega tener responsabilidad jurídica en la ampliación de El Musel

Señala que su labor en el consejo de administración se ciñó a personal y calidad

22.04.2017 | 04:47
José Luis Barettino, llegando ayer a la Audiencia Nacional acompañado por la directora de asuntos jurídicos de la Autoridad Portuaria de Gijón y secretaria del consejo de administración, Lucía López.

Madrid, F. R. GORENA

El director de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Barettino, rechazó ayer en su declaración en la Audiencia Nacional cualquier responsabilidad en el desarrollo jurídico de los contratos para la obra de ampliación de El Musel, apuntando que todos los informes, según dispone la legalidad, llevaban la firma y el visto bueno de la Abogacía del Estado y que él, como secretario del consejo de administración que era entonces, se limitaba "a dar fe" de los mismos. Barettino trasladó las posibles responsabilidades a la Abogacía del Estado, cuyo máximo cargo en Asturias, José María Alcoba, figura como investigado en la causa.

Así lo indicaron abogados que asistieron a su declaración como testigo en el "caso Musel" sobre supuestas irregularidades en la obra de ampliación, que se investiga en el juzgado central de instrucción 3 de la Audiencia Nacional. Durante la ampliación Barettino era responsable de secretaría y asuntos jurídicos y llegó a ser subdirector de El Musel.

Barettino declaró cerca de dos horas. No respondió a varias preguntas alegando que no recordaba los hechos. Además, señaló que carecía de poder de decisión dentro del consejo y que su labor se reducía a los ámbitos de personal, calidad y excelencia, no a los grandes contratos de obra, por lo que no entraba en cuestiones técnicas ni jurídicas que afectasen a los mismos. Según las mismas fuentes, Barettino dijo no recordar muchas de las conversaciones que se mantenían en el consejo.

El director del Puerto señaló que todos los informes relativos a las obras pasaban por los servicios jurídicos del Ministerio de Fomento, de Puertos del Estado y por los Tribunales de Cuentas del Estado y de la UE y que resultaría complicado que cualquier irregularidad no fuera detectada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Otro de los testigos que comparecieron ayer fue el arquitecto Alfredo Álvarez Suárez del Villar, propietario de una parte de la cantera de Aboño que no llegó a ser explotada para la ampliación. Sí fueron explotadas las partes de Hidrocantábrico y de Sato. La mayoría del material de la obra llegó, no obstante, desde terrenos de Tudela Veguín: la cantera de La Hoya, en Perlora y el desmonte de Peña María. También se compró piedra en canteras comerciales más alejadas.

El arquitecto señaló a la jueza que en junio de 2005 su cantera disponía de todas la licencias para ser explotada, condición que no tenían ni la de Sato ni la de HC. Suárez del Villar relató que en dos ocasiones ofreció su cantera a la Autoridad Portuaria, donde le contestaron que no intervenían en contratos entre particulares y que su interlocutor debería ser la UTE Dique Torres, adjudicataria de la obra. Suárez del Villar trató con la UTE sobre la calidad, cantidad y precio del material disponible en la cantera, incluso de la construcción de una cinta transportadora hasta la obra, pero finalmente la UTE le comunicó que ya habían encontrado otra solución y que no utilizarían su cantera, según las mismas fuentes.

El tercer testigo de la jornada fue Raimundo Abando, expresidente del Puerto de Avilés y uno de los primeros denunciantes de las supuestas irregularidades en la obra de El Musel. Abando señaló tras su declaración que "el único órgano de contratación competente de la Autoridad Portuaria es el consejo de administración", pero que fue el exdirector de El Musel José Luis Díaz Rato quien firmó los aumentos de precio de los materiales hasta que se redactó el modificado y se informó de ello al consejo. Varios abogados presentes en su declaración dijeron que Abando no presentó ningún documento que sustentase sus sospechas más allá de la confidencia que le hizo un alto directivo de Ferrovial, amigo suyo, que le dijo que ya se había decidido quién iba a ser el adjudicatario de la obra antes de su licitación.

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