La acusación popular en el "caso Musel", que ejerce Ocan, ha presentado un recurso contra la prescripción del supuesto delito fiscal por supuestos trabajos sin facturar de UTE Dique Torres para Tudela Veguín. Defensa, fiscal y la jueza estiman que el delito prescribió el 14 de enero de 2016. Ocan sostiene que la prescripción no se producía hasta julio de ese año (al empezar a contar el plazo en julio de 2011, cuando terminaba el periodo voluntario para liquidar el impuesto de sociedades de 2010) y la Audiencia Nacional admitió la denuncia en mayo de 2016.
