En junio de 2014 la empresa Altabox recibió una dotación económica de 750.000 euros del fondo de capital riesgo del Ayuntamiento de Gijón. La más alta entregada por esta entidad. Uno de los miembros del comité de inversiones era Bernardo Veira en su calidad de gerente del Centro Municipal de Empresas. Un año después, y coincidiendo con el cambio de mandato, Veira puso fin de manera voluntaria a su actividad en el ámbito público como directivo nombrado por Foro. Su inmediata ocupación laboral fue la dirección general de Altabox, donde continua.
La edil socialista Marina Pineda utilizó ayer este caso como ejemplo de la necesidad de que el Ayuntamiento fije medidas que impongan al personal directivo las mismas obligaciones en materia de buen gobierno e incompatibilidades que se exigen a los cargos políticos. En concreto, la prohibición de prestar servicios durante los dos años siguientes al cese en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado estos cargos. "No decimos que (por Veira) se haya cometido una ilegalidad o irregularidad, eso que lo investigue el gobierno, pero sí decimos que deben adoptarse medidas para que esto no vuelva a suceder", matizó Pineda, que llevará el tema al Pleno de hoy en forma de ruego.
El PSOE entiende que las limitaciones que impone la legislación vigente -tanto la estatal como la local, a través de la ordenanza de transparencia y buen gobierno recientemente aprobada- deben extenderse al alto funcionariado y "al personal directivo de libre designación" en cuanto a los conflictos que puedan generarse entre sus decisiones y sus actividades privadas o sus intereses personales o familiares. "Por ley y por una cuestión de ética política", concretó Pineda.
El ruego del PSOE hace hincapié en que estas exigencias de transparencia y buen gobierno, y por tanto esa restricción de trabajo en los dos años siguientes al cese, deben aplicarse a los altos cargos del Ayuntamiento pero también de los organismos autónomos -fundaciones y patronato- y las empresas municipales.
La fórmula más sencilla que encuentra el PSOE para garantizarlo es revisar los contratos e incluir ese matiz. Según la información aportada por la edil socialista, los compromisos de incompatibilidad no están incorporados a todos los contratos de directivos municipales. Y en concreto, a ninguno de los altos cargos de las empresas del entramado del Ayuntamiento. "El gobierno municipal debe tomar cartas en el asunto porque las normas de conflictos de intereses son para todos", sentenció Pineda.
La diferencia de trato entre los directivos de las empresas municipales y los de la propia estructura del Ayuntamiento se evidencia también en el hecho de que los primeros no han hecho públicas sus declaraciones de actividades y bienes. Información que es accesible en la web municipal respeto a todos los concejales y la mayoría del personal directivo. Sí son públicos, en todos los casos, los contratos firmados y las retribuciones pactadas.
