Dos prejubilados de Mina La Camocha, exsindicalistas del SOMA, justificaron ayer que la mina gijonesa declarara una mayor producción en el último trimestre de 1999 a pesar de haber enviado a la regulación de empleo a la mitad de su plantilla por la avería en el pozo número tres, uno de los dos que tenía operativa la mina en sus últimos años.
El expresidente del comité de empresa José Antonio Solís y el exdelegado sindical Robustiano Iglesias señalaron que es posible una mayor producción con menos plantilla centrándose en tareas de explotación, tras haber realizado previamente las de preparación. Aquella regulación de empleo se prolongó del 13 de septiembre de 1999 al 2 de enero de 2000 y coincidió con los seguimientos de la Guardia Civil a los camiones que transportaban carbón desde los puertos de El Musel y Avilés hasta la mina. De los 450 mineros que había en la explotación, 267 fueron regulados de empleo, entre ellos dos ingenieros y seis personas de oficina. El resto, según desgranó ayer el fiscal eran posteadores, picadores, ayudantes de barrenistas, artilleros, entibadores, electromecánicos y sondistas.
Ambos sindicalistas atribuyeron las decisiones en la mina, en lo que a ellos les atañía, al fallecido Víctor Zapico, quien a su vez consultaba "con la alta dirección" en palabras de Solís. Apuntaron también que los trabajadores casados tenían derecho a un vale de carbón de 300 kilos mensuales en invierno y 250 en verano.
