El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, con sede en Madrid, acaba de fallar en favor del Ayuntamiento de Gijón en el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado de primera instancia número 4 de Orense y el Patronato Deportivo Municipal a cuenta de las gestiones realizadas con la firma gallega Grupo Pazos Salud y Ocio, que había sido contratada en 2012 para impartir los cursos de raqueta en las instalaciones deportivas municipales y prestar el servicio de socorrismo y enseñanza de actividades acuáticas en las piscinas del Ayuntamiento gijonés. El fallo del Tribunal de Conflictos, que se hizo público ayer en el Boletín Oficial del Estado, avala la actuación seguida desde Gijón en este caso.

Hay que recordar, por un lado, que el grupo Pazos fue declarado en concurso de acreedores por un auto de este Juzgado gallego en septiembre de 2014 y, por otro, que el Patronato Deportivo Municipal resolvió un mes después los dos contratos que tenía con esta empresa "por incumplimento culpable del contratista con incautación de las garantías que se habían constituido mediante aval bancario".

En mayo de 2016, el Juzgado gallego -como antes había hecho la empresa Pazos sin éxito- requirió al Patronato el ingreso de 41.406,25 euros por las garantías incautadas y 129.754,28 euros por facturas adeudadas de ambos contratos. Se entendía desde el Juzgado, con la ley concursal en la mano, que el Patronato no tenía competencia para ejecutar las garantías constituidas ni para resolver los contratos porque ya se había declarado el concurso. Los movimiento jurídicos que fue dando el Patronato Deportivo en este caso hasta finales del año pasado fueron siempre desestimados desde el Juzgado gallego. Hasta acabar en ese conflicto de jurisdicción a resolver en Madrid.

Paralelamente el Patronato Deportivo Municipal, que ahora preside Jesús Martínez Salvador aunque al inicio del procedimiento lo hacía su compañero forista Pedro Barbillo, se vio involucrado en las demandas que los trabajadores hicieron ante la jurisdicción social para exigir el pago de los salarios adeudados. Las sentencias avalaron su petición y afectaban al Patronato como responsable solidario.

En ese ir y venir de complicaciones, el Pleno decidió en septiembre del año plantear el conflicto de jurisdicción para defenderse de la exigencia del Juzgado mercantil del pago de ese dinero. Uno de los argumentos fundamentales del Ayuntamiento en este litigio es que el Patronato es un organismo autónomo y sus contratos están fuera de la aplicación de la normativa concursal.