El administrador concursal de Astur Promotora Urbana 2004, sociedad que está en liquidación, ha encargado a un estudio de arquitectos la reparcelación del PERI 100, el proyecto para implantar en la Ería del Piles un centro para albergar actividades de ocio y locales comerciales. La idea del administrador concursal, Leopoldo López Máñez, de la firma valenciana AEB Concursal Trustee, es posponer la venta de estas fincas hasta conseguir la aprobación por el Ayuntamiento de la reparcelación, con el objetivo de conseguir un mejor precio por las mismas. Una tasación encargada por el administrador concursal ha valorado las fincas de Astur Promotora en la Ería del Piles en 3,1 millones de euros. López Máñez sopesa pedir una nueva tasación una vez que esté aprobado el proyecto de reparcelación, antes de poner ese terreno en venta. Astur Promotora entró en noviembre pasado en concurso. Un acreedor particular, representado por el abogado y economista Ignacio Blanco Urízar, logró que se declarara en concurso necesario de acreedores a la sociedad, con un pasivo de 112,93 millones de euros y unos activos de 11,60 millones.
Reparcelar el PERI 100 supone establecer en qué parte del mismo se edificará y qué solares le corresponden a cada partícipe de la junta de compensación, además del reparto de los gastos de urbanización de forma proporcional entre los partícipes. La sociedad en liquidación cuenta con la mayor parte de los terrenos en el PERI 100, cerca del 83%, en el que también figuran como socios minoritarios varios vecinos con chalés en medio de la zona. La reparcelación es el paso previo a la presentación del proyecto de urbanización.
La propuesta de reparcelación ya la había encargado el administrador concursal antes de que el juez decretara la disolución de Astur Promotora. Ese trabajo está avanzado desde el punto de vista técnico y la idea del administrador es culminar su tramitación.
Eduardo López Máñez intentará ponerse en contacto telefónicamente con la alcaldesa, Carmen Moriyón, el próximo lunes para decirle que "sigue todo en marcha" y también está dispuesto a desplazarse hasta Gijón para reunirse con los grupos municipales, varios de los cuales se negaron a apoyar la aprobación definitiva del PERI 100 en el pleno municipal del pasado 1 de agosto al dudar de la solvencia de Astur Promotora.
Una vez que la propuesta de reparcelación esté elaborada, tendrá que ser aprobada posteriormente por el Pleno municipal y someterse a un periodo de información pública en el que puede recibir alegaciones. López Máñez estima que, en conjunto, toda esta tramitación llevará unos ocho meses, lo que tendría cabida dentro del plazo que le marca la legislación para liquidar los activos de Astur Promotora, que es de un año.
Antes de que el titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Burgos declarara el pasado lunes la disolución de Astur Promotora y la apertura de su fase de liquidación, la sociedad ya estaba trabajando en una propuesta de reparcelación, consistente en acumular toda la edificabilidad del centro de ocio en la zona más próxima al paseo marítimo gijonés, idea que previsiblemente se retomará.
La intención de avanzar en la tramitación urbanística es conseguir vender a mejor precio las fincas a una empresa que pueda gestionar ese desarrollo. Varios empresarios vinculados a Asturias ya se han interesado por adquirir las fincas.
Paralelamente, el administrador concursal tendrá que presentar al juez, a más tardar el 5 de octubre, el plan de liquidación de Astur Promotora, donde se establecerán las fórmulas para la enajenación por lotes de los distintos activos de la sociedad: Las fincas de la Ería del Piles, parcelas para 120 viviendas en Contrueces, para 350 viviendas en Lugones y para 800 viviendas en Oviedo.
La liquidación de Astur Promotora Urbana 2004 hará probablemente incobrables la mayor parte de los préstamos con garantía hipotecaria que le habían concedido tres entidades financieras para el proyecto de la Ería del Piles. A pesar de que sobre las fincas del Piles pesan cargas hipotecarias por 43,56 millones de euros, las entidades financieras sólo tendrían preferencia de cobro de 6,26 millones de euros sobre los ingresos procedentes de la venta de esos bienes, al estar vinculado ese derecho a la última tasación de las fincas. Esto supone que el 85% de la deuda financiera será difícilmente cobrable.
