La instructora del expediente en el Tribunal de Cuentas por responsabilidades por supuestas irregularidades en la ampliación del Musel consideró que no había indicios de responsabilidad contable ni un daño evaluable a los fondos públicos. Pese al criterio de la instructora, de dar carpetazo al asunto, el Tribunal de Cuentas ha proseguido con el procedimiento de reintegro por alcance debido a que tanto el Fiscal como el Abogado del Estado discrepan de la instructora y consideran que sí existen indicios de supuesta responsabilidad contable.
Fue la posición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado lo que motivó la decisión de la consejera de cuentas responsable del departamento segundo de enjuiciamiento del Tribunal, la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante y Mirón, de acordar la continuación del procedimiento, ordenando además que se emplace a "la Autoridad Portuaria de Gijón a que se persona y comparezca" en el plazo de nueve días representada por abogado. El presidente de la Autoridad Portuaria, Laureano Lourido, había remitido un escrito al Tribunal de Cuentas el pasado 3 de octubre solicitando el archivo de las actuaciones, lo que finalmente no ha ocurrido. Un procedimiento de exigencia de responsabilidades patrimoniales en el Tribunal de Cuentas se dirige contra cargos o excargos públicos, no contra instituciones como tal. El emplazamiento a la Autoridad Portuaria es para darle la oportunidad de que pueda personarse como perjudicada, si así lo considera, explican fuentes consultadas. Esa personación no es probable, a la vista de que pidió archivar las actuaciones.
El auto dictado por Mariscal de Gante señala que la decisión de continuar el procedimiento se hace "sin que ello suponga prejuzgar en este momento de ninguna manera la existencia o inexistencia de responsabilidades contables en relación con los hechos que han sido objeto de las diligencias preliminares y de las actuaciones previas".
La instrucción del procedimiento se inició en noviembre de 2016 a raíz de las presuntas irregularidades reflejadas en un informe de fiscalización de las obras de ampliación que aprobó el pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de junio de 2016. La instrucción concluyó con el envío de las actuaciones a la sección de enjuiciamiento en noviembre del año pasado. Ahora está pendiente que se señale la vista para juzgar el asunto.
