Las obras de mantenimiento en las calles de Gijón han sido un quebradero de cabeza para las autoridades municipales y, al menos, no van a serlo aún más. El juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Gijón acaba de denegar a la UTE Conservación Calles de Gijón, formada por las empresas Vías y Construcciones S. A. y Contratas Iglesias, la indemnización que reclamaba de casi un millón de euros (689.066, 94 euros más el IVA) al Ayuntamiento por el fallido contrato que la empresa firmó en 2014 y al que renunció en 2016.
La UTE se negó a ejercer su derecho a prorrogar por dos años el citado contrato y, además, planteó una cuantiosa reclamación al Ayuntamiento al entender que el pliego en base al cual ofertaron para hacerse con las obras callejeras de Gijón contenía "graves errores iniciales de valoración" que habían llevado a pérdidas a la UTE. Antes de llegar a juicio, las empresas intentaron en 2015 que los responsables municipales llevaran a cabo una revisión del contrato al alza, para compensar la situación de pérdidas que constataban mes a mes, y ante la negativa que encontraron optaron por renunciar a la posible prórroga y reclamar en los juzgados. Sin embargo, el magistrado Jorge Rubiera ha determinado que "no se aprecia vicio de consentimiento determinante de la nulidad del contrato", puesto que lo que le empresa plantea como errores del pliego "no es tal, sino que las previsiones contenidas en el proyecto constituyen una estimación del proyectista. Tales previsiones debieron ser examinadas con la diligencia que resulta exigible a un contratista de acreditada solvencia técnica, en orden a decidir su participación o no en el procedimiento de licitación". El juez entiende que fueron las dos empresas las que libremente decidieron participar en un procedimiento de adjudicación de contrato "ofreciendo un precio inferior en un 35% respecto al precio de licitación". Para el juez resulta reseñable, además, que esa baja planteada por la UTE fue incluso mayor de la media de las empresas concurrentes, que fue del 27,9%. "Si el contratista realiza una baja económica de un 35% es que podía asumir la realización de la obra con unos rendimientos mayores a los previstos en el proyecto técnico, en base a su experiencia en obras similares".
De la tensa situación que se vivía entre el Ayuntamiento y la concesionaria por el citado contrato eran conscientes muchos barrios de Gijón donde las obras iniciadas se prolongaban hasta la desesperación, o no se iniciaban, o se ejecutaban con muchos problemas. Entre los argumentos a los que se acogía la UTE para explicar por qué no podía defender su presupuesto está el hecho de que la compañía tuvo que asumir la subrogación de más de una treintena de trabajadores que antes hacían esas obras de conservación viaria y "sus rendimientos afectan directamente a la determinación de los precios", ya que no se correspondían con los que esperaban.
