"¿Estos qué son, los que hicieron las Pirámides?" La alusión con cierta sorna al antiguo Egipto la hacía estos días un trabajador de la Residencia Mixta de Pumarín, al interesarse por la empresa que está ejecutando las obras de reforma de la cocina, los comedores y varios espacios auxiliares de este centro geriátrico, el mayor de Asturias. Y es que la compañía adjudicataria del contrato ha ofrecido una garantía de la obra por 504 años. Tan amplia extensión del plazo de garantía -el mínimo que se exigía para concurrir a la licitación era de un año- fue determinante para que la empresa Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones S. L., perteneciente al madrileño Grupo Urvios, resultara elegida, a pesar de haber presentado la oferta económica más cara; 672.881 euros, IVA incluido.
En realidad, la extensión de la garantía que ofreció fue de 1.006 semestres. Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA, organismo perteneciente al Principado) elaboró unas bases que daban margen a las empresas para que ofrecieran mejoras de medio en medio año, aunque al final hubo una que optó por plantear mejoras de siglo en siglo.
Los 1.006 semestres ofertados permitieron que mientras a la empresa del Grupo Urvios le otorgaban 40 puntos por esos 503 años de garantía adicional, a sus rivales, que ofrecían entre 6 y 8 años adicionales de garantía, el tribunal les diera entre 0,48 y 0,64 puntos.
Tan peculiar oferta llevó al representante de la Intervención General del Principado de Asturias en la mesa de contratación a formular una petición, que recoge el acta: "A la vista de la exorbitada proposición de ampliación del plazo de garantía ofertada por la empresa Proforma ejecución de obras y restauraciones S.L., el interventor presente en la Mesa formula una petición al órgano de contratación para que se modifique el criterio de valoración de tal ampliación del plazo, estableciendo un límite máximo, en los pliegos que rijan próximas contrataciones, petición que a instancia suya se hace constar en este acta".
Esa "exorbitada" mejora no fue motivo suficiente para que la mesa de contratación cuestionara la oferta, al contrario de lo que ocurrió con la propuesta de una quinta empresa que optaba a la licitación, Iroca, descalificada porque el certificado del aval bancario que había presentado para poder participar en el concurso no estaba firmado y el que presentó firmado para subsanar ese defecto tenía una fecha posterior al plazo de presentación de ofertas.
Para la adjudicación primero se realizó una valoración técnica y a continuación de manera conjunta la valoración económica y de ampliación de garantías. A este respecto, la mesa de contratación consideró que la oferta de la empresa del Grupo Urvios "no incurría en valor desproporcionado o anormal". Por lo que parece, los pliegos sólo tenían en cuenta para tal fin las posibles bajas económicas temerarias, pero no las generosas alzas en los plazos de garantía.
Recurso de alzada
El criterio no es compartido por el sindicato CSI, que ha interpuesto un recurso de alzada ante la Consejería de Servicios Sociales contra la resolución de la directora del ERA que adjudicó la obra a Proforma en base al artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público que regula el tratamiento de las ofertas anormales o desproporcionadas, como cuando "la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados".
La directora del ERA apuntó en la resolución en la que adjudicó el contrato que los motivos para optar por la firma madrileña son "además de incorporar la mayor ampliación del plazo de garantía y un precio que supone una rebaja del 23,51% respecto del presupuesto base de licitación" , la proposición técnica realizada, una de las dos mejor valoradas. Lo cierto es que tamaña "ampliación del plazo" por siglos no la habría soñado ni el mismísimo Matusalén.
