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Díaz Rato dice que siguió órdenes de Palao y del consejo en la ampliación de El Musel

El exdirector del Puerto pide que se le desimpute al asegurar que no tenía capacidad decisoria y que su participación fue en órganos colectivos

Por la izquierda, Palao y Díaz Rato, en la rueda de prensa que ofrecieron el 17 de febrero de 2004, después de que el consejo de El Musel aprobara hacer la ampliación en base a la variante Este presentada por Puertos del Estado. ÁNGEL GONZÁLEZ

La defensa del exdirector de El Musel y de la obra de ampliación, José Luis Díaz Rato, ha pedido el sobreseimiento provisional del "caso Musel" al considerar que no se cometieron delitos y, subsidiariamente, que se le desimpute, alegando que carecía de capacidad decisoria y que actuó siguiendo ordenes. En el escrito remitido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, Díaz Rato responsabiliza al expresidente del Puerto y exsecretario de Estado de Transporte, Fernando Palao Taboada y también a Puertos del Estado y al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de las decisiones más controvertidas en torno a la ampliación. En la causa hay más de 30 investigados entre antiguos cargos públicos y empresariales. Díaz Rato también pide que se archive la pieza separada por el programa lúdico "A ver la ballena".

El pliego de descargos de Díaz Rato se remonta a 1999, año en el que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria decidió ampliar El Musel, cuando Díaz Rato aún no era director del Puerto (fue nombrado en 2000), para añadir a continuación que fue "Fernando Palao, designado como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria en julio de 2003" quien propuso al consejo el 16 de febrero de 2004 asumir el planteamiento de Puertos del Estado para recortar el proyecto de ampliación que había ideado el Puerto (un dique hasta los bajos de Las Amosucas), para construir un dique más corto, la denominada variante Este.

La defensa resalta que el exdirector del Puerto "siguió instrucciones del consejo de administración y del presidente, de quien dependía jerárquicamente. Así, aunque se manifestó en contra de la solución Este, por considerarla bajo su criterio técnicamente deficiente, aceptó y puso en marcha la redacción del proyecto que finalmente fue aprobado". Poco después Palao dejó El Musel, para ocupar la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento, que luego pasaría a la categoría de Secretaría de Estado.

En su declaración ante la jueza Lamela, Díaz Rato ya había indicado que desde Madrid le presionaron para aceptar los sobrecostes. En el escrito remitido ahora al juzgado insiste en esa versión -negada por Palao y por el también aludido Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado- y da detalles.

Según Díaz Rato, su negativa a aceptar una modificación del proyecto propuesta por la UTE Dique Torres para reducir la cantidad de piedra prevista para la obra, "propició que el Secretario de Estado convocase, en febrero de 2006, a una reunión en su despacho" a los directivos de El Musel, altos directivos de las empresas integradas en la UTE y de la propia UTE, junto con el presidente de Puertos del Estado "al objeto de que la Autoridad Portuaria flexibilizase sus planteamientos", permitiendo a la UTE construir con cajones de hormigón verticales todo el dique de abrigo de la ampliación, en vez de construir un dique en talud en el tramo curvo del mismo. Según la defensa del exdirectivo portuario, Díaz Rato "en su calidad de Director de la Obra, manifestó su discrepancia" por la inestabilidad que tendría ese dique y los daños que ocasionaría a las playas de Xivares y Peña María al hacer rebotar las olas hacia las mismas.

El bloqueo en la situación llevó a Palao, según esta versión, a convocar una nueva reunión en marzo de 2006 donde los directivos de la UTE se plantaron y dijeron que no iban a continuar la obra con el proyecto y precios previstos. "Ante las circunstancias puestas de manifiesto, el Secretario de Estado vino a señalar la conveniencia de llegar a un acuerdo con el contratista" para evitar litigios, que el mar se comiera la obra ya ejecutada, que se paralizara la construcción de la regasificadora y que se perdieran las subvenciones europeas para la ampliación.

El acuerdo con la UTE alcanzado en aquella reunión obligaba a modificar el proyecto, con los consiguientes sobrecostes, "para lo cual tanto Puertos del Estado como el Secretario de Estado se comprometieron a conseguir más fondos europeos para su financiación ya que la Autoridad Portuaria carecía de capacidad financiera para abordar el aumento del presupuesto de la obra", señala el escrito, en el que se indica que Díaz Rato siempre se opuso a aceptar los sobrecostes y que "se limitó a aquietarse con las instrucciones recibidas por quienes en definitiva tenían la capacidad de aprobarlos y buscar los fondos para que el Puerto pudiese hacer frente a los mismos", apuntando tanto a Palao como a Navas.

"Profesionalidad"

La defensa del exdirector resalta en su alegato que "de la misma manera que en 2004 el señor Díaz Rato puso toda su profesionalidad y experiencia al servicio de la obra, a pesar de discrepar con la alternativa Este como solución para la ampliación del Puerto aprobada por el presidente de la Autoridad Portuaria en aquella época, don Fernando Palao, hizo lo mismo en 2006, una vez el Secretario de Estado, también el señor Palao y el Presidente de Puertos del Estado, concluyeron que no se podía rescindir la obra y que había motivos justificados para autorizar el modificado".

Díaz Rato también apunta a Mariano Navas por el inicio del pago de sobrecostes a Dique Torres en abril de 2006, mucho antes de la aprobación del modificado del proyecto por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria. "Se tomó la decisión, consensuada con Puertos del Estado, de acordar unos precios nuevos de los materiales que luego serían recogidos en un modificado", reiterando que "Puertos del Estado conoció y aprobó esta actuación, con los nuevos precios, y consta -a mayores- que fue quien se ocupó de tramitar y remitir a Bruselas las certificaciones de la obra para solicitar la subvención con los nuevos precios".

La defensa de Díaz Rato resalta que su patrocinado actuó con profesionalidad y que su participación en la mesa de valoración técnica de las ofertas y en la de contratación se hizo en órganos colegiados, por lo que no se le puede responsabilizar.

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