Aquella Corporación municipal cuyo alcalde, José Manuel Palacio, calificó como continuadora de la labor del anarquista Avelino González Mallada, al poco de iniciarse la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, se encontró con un cruce de caminos: el equipo revisor que comandaba el arquitecto Ramón Fernández-Rañada aconsejó la no demolición del "martillo de Capua" -al considerar que constituía uno de los últimos vestigios de la fachada al mar del casco histórico-, lo que les colocó en una situación muy incómoda ya que la mayoría de los grupos políticos habían defendido la expropiación de este martillo urbanístico por entender que suponía un grave obstáculo para la ordenación del tráfico en el muro de San Lorenzo.
Lo que son las cosas en los posicionamientos políticos: si bien el concejal Joaquín Vázquez defendió la tesis del equipo de Rañada, el obstinado empecinamiento del portavoz de UCD, Celestino de Nicolás, motivó que la coalición de izquierdas moviese ficha y cambiase de criterio, por lo que la Comisión de Seguimiento para la revisión del Plan General se mostró favorable al planteamiento que defendían los técnicos del equipo de Rañada, tras demostrar con datos que ese estrechamiento de la calzada del muro de San Lorenzo, entre las calles de Capua y Eladio Carreño, no ocasionaba trastorno alguno en la circulación del tráfico.
La historia del edificio y la expropiación forzosa del "martillo". El edificio principal del "martillo de Capua" fue construido bajo la dirección del arquitecto Mariano Marín en 1888 y se considera como una importante muestra arquitectónica del estilo ecléctico italianizante, con valiosos frescos de Ventura Álvarez Sala en los techos de la rotonda. Este edificio forma parte de la ciudadela de Celestino Solar que fue adquirida en 1950 por Ceferino Moro Cuesta y Guillermo Cuesta Sirgo en cuarenta mil pesetas. A finales de los años sesenta, la propiedad de la ciudadela mantuvo conversaciones con representantes del Ayuntamiento de Gijón ofreciendo el hacerse cargo de las expropiaciones para proceder a la demolición del "martillo de Capua", lo que automáticamente posibilitaría la construcción de un gran edificio en primera línea de mar.
Aquella iniciativa de la propiedad fue desechada, y el Ayuntamiento de Gijón, siendo alcalde Pedro Lantero, logró que en 1978 el Consejo de Ministros declarase la expropiación forzosa. Algunos errores en la tramitación inicial del expediente y las mínimas valoraciones de los derechos de propietarios e inquilinos -la indemnización era de cinco millones de pesetas, en total- provocaron una oleada de recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que paralizó la expropiación y elevó el coste de las indemnizaciones a unos cincuenta millones de pesetas. Cuando terminar con el "martillo de Capua" suponía una gran inversión de dudosa rentabilidad para el Ayuntamiento de Gijón que, sin embargo, abría la puerta a una gran operación inmobiliaria, el equipo revisor del Plan General de Ordenación Urbana propuso a la Corporación municipal que archivasen el expediente de expropiación y se estableciese un plan para el acondicionamiento y rehabilitación del "martillo de Capua" y la ciudadela de Celestino Solar, a fin de ser consecuentes con la política urbanística que se pretendía propiciar tras la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
La creación de la Universidad Popular. No había ideas para dar uso al edificio del antiguo Banco de España, pero no hubo problema para encontrar ubicación en el Antiguo Instituto para la puesta en marcha de la llamada Universidad Popular, que fue inaugurada el 5 de diciembre de 1981 en el teatro Jovellanos con una conferencia de Juan Cueto Alas sobre la "Evolución y revolución del ocio". Su oferta educativa fue de treinta y dos materias, para una población que demandaba una mayor formación cultural. A principios del siglo XX, Vicente Blasco Ibáñez ya había impulsado la primera Universidad Popular española, bajo el lema "Si los obreros no llegan a la Universidad, nosotros llegaremos a los obreros". Dos fueron los candidatos que se presentaron al puesto de director: el geólogo Jesús Cadavieco Hevia -quien tras su desencanto político pediría el traslado como profesor desde el Instituto de Candás a Vegadeo- y el "cura comunista" Manuel García Fonseca, "El Polesu", quien -por una falta de reflejos del PSOE- se llevó el gato al agua.
Eso fue hasta que el presidente de la Comisión de Cultura, Francisco Villaverde -cada vez más afianzado en su poderío institucional sectarista-, comprendió que aquella pieza era preciso cobrarla, por lo que, saltándose todos los procedimientos normales, organizó una encerrona en una reunión que duró cuatro horas, a la que no pudo asistir el concejal Luis Felipe Capellín -el representante del grupo comunista- por encontrarse enfermo. Así que un año después, el 16 de noviembre de 1982, a Manuel García Fonseca no se le renovó el contrato -con tres votos a favor de los representantes del PSOE y tres abstenciones- por falta de capacidad.
Las primeras discrepancias en el gobierno municipal de izquierdas. Así se iniciaron las discrepancias en el gobierno de izquierdas, ya que el presidente de la superpoderosa Comisión de Coordinación y Servicios, el comunista Andrés Álvarez Costales, montó en cólera al asegurar que había habido una clara discriminación política al ser "El Polesu" miembro del Comité Central del Partido Comunista de Asturias. Hasta recurrió a la Constitución recordándole a Francisco Villaverde que no había habido un expediente previo que garantizase el respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos para que no hubiese discriminación alguna por ideología, sexo y religión. Aunque Francisco Villaverde aseveró que en su partido nunca se había echado a nadie, Andrés Álvarez Costales le recomendó ir urgentemente a un psiquiatra al no recordar lo que había pasado con Alfredo Liñero y Carmen Veiga.
Todo ello llevó a una asamblea multitudinaria, que se celebró el 17 de noviembre, en la que quedó meridianamente claro que ni había sido consultado el claustro de profesores, pero allí brotó como una fulgurante estrella Clara Costales, quien en una fogosa intervención afirmó que "El Polesu" era un mal gestor y un mal organizador. Tras el cese impuesto de Manuel García Fonseca -porque el PSOE quiso recuperar el poder en el mando del timón de la Universidad Popular-, eso sí, naturalmente, los que siguieron como coordinadores fueron: Clara Costales Suárez, Francisco Carantoña Álvarez y Filiberto Blanco Montiel.
En lo que no hubo discrepancias políticas fue en gastarse ochocientas mil pesetas para la renovación del salón de plenos, a fin de sustituir las vidrieras donde figuraban los escudos del régimen franquista. Eran aquellos tiempos en los que José Manuel Alonso Paniceres reivindicaba más mingitorios públicos, mientras que, en la revisión del nomenclátor que motivó que la calle de Calvo Sotelo pasase a llamarse de Manuel Llaneza y la avenida de Héroes del Simancas tomase el nombre de Pablo Iglesias, un tanto celosos por lo que estaba pasando los comunistas echaban de menos el nombre de Manuel Azaña -aquel intelectual que logró que perdiese su escaño Clara Campoamor, gracias al inesperado apoyo de Victoria Kent y Alejandro Lerroux, aunque los cuatro eran masones, la primera diputada que defendió el derecho del sufragio para las mujeres- y la izquierda dominante optó por no demoler el "martillo de Capua", no completando así la operación urbanística del alcalde anarquista Mallada, mientras que este cronista cantaba -a ritmo de vals, por aquello de que él era profesor de francés en el Ateneo Casino Obrero, en el 33- al masón Eleuterio Quintanilla y a las noches de Gijón llegando a la final del Festival de Benidorm.
¡Qué vueltas da la vida!
