Copenhague / Bruselas, Agencias

Dinamarca, firmante del Tratado de Schengen que elimina las fronteras interiores entre la mayoría de los estados miembros de la UE, ha decidido restaurar sus controles aduaneros en las fronteras con Alemania y Suecia, las únicas que tiene, según anunció ayer el Gobierno liberal-conservador. El acuerdo, que entrará en vigor dentro de unas semanas, es una concesión al ultraderechista Partido Popular Danés, aliado externo del Gobierno desde 2001.

La decisión se produce en medio del debate abierto sobre la reforma del Tratado de Schengen impulsada por Francia e Italia ante la llegada masiva de inmigrantes procedentes del norte de África. El ministro de Finanzas danés, Claus Hjort Frederiksen, destacó que la restauración fronteriza se hará en el marco de Schengen y tiene como objetivo «aliviar» la criminalidad que, según dijo, «ha asolado» en los últimos tiempos el país.

Las autoridades danesas invertirán 150 millones de coronas danesas (20 millones de euros) para instalar controles en las fronteras. Otros 120 millones (16 millones de euros) se destinarán a reforzar el personal de aduanas y los policías de fronteras. El plan incluye también el refuerzo de los controles en los aeropuertos y en las aguas territoriales danesas.

Un portavoz de la Comisión Europea (CE) explicó ayer que el Ejecutivo de la UE está estudiando la decisión danesa. La fuente no supo aclarar si Bruselas tenía intención de responder ayer mismo a Copenhague.

Se da la circunstancia que hoy, jueves, se celebra en Bruselas un Consejo de Ministros de Interior de la UE, junto a la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, para debatir la propuesta de la Comisión de modificar el Tratado de Schengen a partir de las peticiones de Francia e Italia.

Estos dos países, los más afectados por la llegada masiva de inmigrantes tunecinos tras las revueltas en el norte de África, pidieron a Bruselas que se ampliase la cláusula de suspensión de la libre circulación para que los países puedan reintroducir sus fronteras unilateralmente ante una «presión migratoria extraordinaria».

La petición fue la consecuencia de dos hechos. En primer lugar, la mayoría de los miembros de la UE se negó a absorber a una parte de los inmigrantes tunecinos y dio por sentado que se trata de un problema italiano, ya que es a las costas de este país a las que arriban la mayor parte de los tunecinos.

En segundo lugar, en respuesta a esta actitud y sabedora de que la mayoría de esos tunecinos quiere ir a Francia, Italia les concedió papeles provisionales, lo que, en función del Tratado de Schengen, les permite circular por numerosos países, incluida Francia. París respondió a esta estratagema de Roma deteniendo en la frontera trenes repletos de tunecinos y, posteriormente, elevando a la CE la petición de modificación de Schengen.

El Parlamento europeo criticó el martes al presidente de la CE por erosionar el principio europeo de la libre circulación y ceder ante «las presiones xenófobas» de Roma y París. En respuesta a las críticas de los eurodiputados, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, negó que haya propuesto restringir la libertad de circulación de personas en la Unión Europea como pedían Francia e Italia. Barroso desmintió que Bruselas esté cediendo «a presiones populistas y xenófobas» y afirmó que la propuesta de la Comisión «no pretende erosionar la libre circulación sino fortalecerla».

A su juicio, con la reforma propuesta por la CE se garantizará mejor la libre circulación de personas, previa clarificación de las normas de la gestión de Schengen, de forma que no habrá dudas de cuándo un país puede decidir unilateralmente el restablecimiento de los controles de fronteras.

Ante la reunión de hoy con los ministros de Interior comunitarios, la comisaria Malmstrom fue tajante: «Entiendo que las personas que han huido de sus países hacia la UE tenían razones para lanzarse al mar, pero la UE no puede acogerlas a todas», dijo. Alrededor de 25.000 inmigrantes económicos tunecinos han llegado en los últimos dos meses a la isla italiana de Lampedusa, y el Gobierno de Berlusconi les ha dado a 20.000 de ellos un permiso de residencia temporal.