El Gobierno británico no podrá evitar el trámite parlamentario para poner en marcha el proceso que conducirá a la salida de Reino Unido de la UE. Así lo dictaminó el Tribunal Supremo, por mayoría de 8 a 3, al rechazar el recurso del Ejecutivo contra la sentencia del Tribunal Superior de Londres que obligaba al gabinete de la conservadora Theresa May a recabar la autorización del Parlamento antes de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. El fundamente jurídico de la sentencia es que el Gobierno no puede ejercer acciones que desemboquen en la modificación de las leyes del Reino Unido, a menos que "esté autorizado por el Parlamento".
El Superior de Londres había fallado en noviembre en favor de Ginna Miller, una empresaria que, en representación de un grupo de ciudadanos, acudió ante la Justicia para defender que May no podía comunicar a Bruselas que activaba el artículo 50 sin una votación previa de los Comunes, la cámara baja del Parlamento.
La sentencia, un varapalo judicial que obligará a May a desnudar ante los ciudadanos y ante Europa la división que reina entre los conservadores sobre el "Brexit", tiene también su parte "dulce" para la primera ministra. Por unanimidad, el Supremo considera que el Gobierno de Londres no tiene por qué consultar con las cámaras autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, ya que "las relaciones con la UE son competencia del Gobierno del Reino Unido", según explicó al anunciar la sentencia el presidente de la Alta Corte, David Neuberger.
El ministro para el "Brexit", David Davis, anunció en respuesta a la sentencia que el Gobierno tiene previsto presentar "en cuestión de días" una ley "directa" para pedir al Parlamento la activación del artículo 50. Un portavoz de Londres confirmó que May mantiene la fecha de finales de marzo para invocar el artículo, lo que sitúa el horizonte del "Brexit" real en la primavera de 2019.
El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, señaló que su formación no obstaculizará el inicio del proceso de negociación. No obstante, aclaró que su partido tratará de enmendar la ley que presente el Gobierno y, así, "evitar que los conservadores usen el 'Brexit' para convertir a Reino Unido en un paraíso fiscal barato frente a la costa de Europa". Además, añadió Corbyn, los laboristas reclaman al Ejecutivo garantías de que rendirá cuentas al Parlamento durante la negociación y de que someterá a votación el acuerdo final que se alcance.
