El secretario de Seguridad Nacional de EE UU, general John Kelly, admitió ayer que la aplicación del veto migratorio a ciudadanos de países islámicos fue precipitada y generó "confusión", lo que constituye un reconocimiento de error que carece de precedentes en la joven administración Trump.

Kelly declaró ante un comité de la Cámara de Representantes que, "visto con perspectiva, y es del todo culpa mía, debería haber retrasado esto un poco para poder hablarlo con miembros del Congreso, especialmente con los dirigentes de comités como este, para que pudieran prepararse ante lo que se avecinaba".

La aplicación inmediata del decreto que anula durante 90 días la concesión de visados a ciudadanos de siete países islámicos generó durante varios días situaciones de caos aeroportuario y dejó a miles de viajeros atrapados en un limbo jurídico que precisiones de las autoridades y decisiones de la justicia han ido disipando en días posteriores.

A consecuencia de una de esas iniciativas judiciales, el decreto migratorio de Trump se encuentra ahora suspendido en todo el territorio estadounidense por orden de un juez federal del estado de Washington. Ayer, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), inició una audiencia para estudiar un nuevo recurso del Gobierno, tras haber desestimado uno el pasado fin de semana. Trump tiene aún la posibilidad de recurrir ante el Supremo, pero el previsible empate que allí se produciría daría validez a la decisión de San Francisco.

Otro hecho sin precedentes, esta vez en toda la historia de EE UU, fue la necesidad de recurrir al voto de calidad del Vicepresidente, Mike Pence, para lograr que el Senado confirmase ayer a la candidata a secretaria de Educación, la multimillonaria Betsy DeVos, acérrima partidaria de la escuela privada. DeVos suscitó el rechazo de dos senadoras republicanas, lo que transformó el habitual 52-48 de la Cámara en un 50-50 que requirió el desempate de Pence, entre cuyas atribuciones figura presidir el Senado.

También tiene problemas el candidato a la secretaría de Trabajo, Andy Puzder, millonario empresario de la comida basura, quien ha reconocido ante el Senado que contrató a una mujer indocumentada como empleada de hogar. "Mi esposa y yo empleamos a una sirvienta durante varios años, en los que ignoraba que no tenía permiso legal para trabajar", explicó Puzder, quien añadió que, al descubrir la situación, puso fin al contrato y ayudó a la mujer a legalizar su estancia.