Oviedo, M. J. IGLESIAS
El anteproyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y acabar con los desfases de precios entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor en el punto de venta, presentado por el ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, apoyado por el sector agrícola y ganadero español, se ha estrellado contra los muros de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que le propina un fuerte varapalo el pasado martes. Competencia considera que genera «inseguridad jurídica y una burocratización no necesaria y desproporcionada de las relaciones comerciales entre agentes de la cadena».
El veredicto de la Comisión, cuyas opiniones suelen crear polémica en el sector agroalimentario -una de las últimas fue la relativa al rechazo a establecer un índice de precios para marcar el precio de la leche en origen- ha provocado la contundente crítica de las organizaciones agrarias y organizaciones del sector alimentario. Tanto ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias , como las organizaciones Promarca, que engloba a los fabricantes de productos de gran consumo líderes de alimentación, bebidas, droguería y perfumería de España, y FIAB, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, rechazan que la CNC no entienda como necesario adoptar medidas complementarias para resolver los graves desequilibrios de precios y márgenes que existen en la cadena alimentaria española, con desfases que llegan al ochenta por ciento entre lo que cobran los productores y lo que pagan los consumidores en las tiendas.
Los sindicatos defienden la necesidad de tomar medidas correctoras en un sector estratégico para la economía española. «Ellas nos van a ayudar a proteger la innovación, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores frente a las prácticas desleales».
La Comisión va en la línea contraria y recomienda que se limiten las obligaciones de transparencia que establece el anteproyecto al ámbito de las relaciones comerciales continuadas, las que en opinión de la entidad son las que generan eventuales desequilibrios.
Los representantes del sector alimentario argumentan que esas medidas no son suficientes para atacar el problema de fondo: reducir las diferencias de márgenes comerciales que se dan entre los productores y los puntos de venta. «La experiencia ha demostrado -tal y como reconoce la propia CNC- que, ni el marco jurídico vigente (ley de Defensa de la Competencia y ley de la Competencia Desleal), ni los esfuerzos privados ni y otros de carácter autonómico han supuesto avance alguno en la resolución de los problemas de equilibrio de la cadena agroalimentaria». El anteproyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria fue aprobado en octubre pasado por el Consejo de Ministros. Pivota sobre dos ejes. Uno de ellos es el que regula los contratos, estableciendo una batería de obligaciones como la de formalizar por escrito los contratos alimentarios; prohibir determinadas prácticas comerciales, como modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos, y regular otras, como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marcas y las subastas electrónicas.
El otro pilar es establecer un código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos, así como un registro estatal de los operadores adheridos.
La Comisión Nacional de la Competencia sí reconoce en su informe, no vinculante, los problemas de asimetría, falta de transparencia, y prácticas potencialmente desleales y contrarias a la competencia que se dan en la cadena alimentaria española.
Los representantes de los agricultores y ganaderos y la industria de alimentación y bebidas han expresado su satisfacción por el hecho de que la autoridad de la competencia en España no cuestione la formalización de los contratos, como los recientemente implantados en el sector lácteo, ni la «fehaciente existencia de prácticas abusivas y anticompetitivas», e incluso reconozca que «no son objeto de denuncia por el operador que la padece, principalmente por la eventual situación de desequilibrio existente en la relación comercial continuada».
Las organizaciones agrarias también reivindican la potestad del Gobierno para regular lo que califican de «graves desequilibrios» que plantea la cadena agroalimentaria española, y apoyan sin fisuras el paso adelante dado con el anteproyecto de ley, al que urgen su trámite parlamentario y su entrada en vigor.
