Vuelve la polémica a la enseñanza, aunque esta vez se trata de dos posturas tan divergentes que sólo pueden ser resueltas con tolerancia y con sentido común y responsabilidad. Se trata de dos posiciones antagónicas. De una parte, el interés de la Consejería de Educación en suprimir el Instituto de Boal por resultar oneroso mantener abierto un instituto que cuenta sólo con diecisiete alumnos. De otra parte, el interés de los padres por que se mantenga abierto y que sus hijos continúen su formación sin necesidad de trasladarse a Navia. Entiendo que la Consejería considere un despilfarro la situación, pero los padres tienen derecho a exigir enseñanza para sus hijos. Hablar de costes en estos tiempos es tanto como retrotraernos a los primeros años del siglo XX, cuando sólo estudiaban los privilegiados. Dar este paso, suprimiendo un servicio establecido, es ir en contra los principios de igualdad que tanto cacarea la Administración.
