Los pleitos por las parcelas bloquearon el desarrollo de 150 viviendas en Luarca

El desarrollo de una promoción de 150 viviendas en la zona de la antigua imprenta de Pérez del Río, en Luarca, permaneció bloqueado durante años por los pleitos entre empresas por la compra de partes de la finca sobre la que se van a levantar los pisos. Tras una década de contenciosos en los juzgados de lo civil, el asunto ha acabado ahora en un juicio penal contra los responsables de tres empresas acusadas de un supuesto alzamiento de bienes, para evitar que la empresa ovetense que va a desarrollar ese area urbana se hiciera con los terrenos. La vista oral se celebró el pasado martes en el juzgado de lo penal número tres de Gijón.

Se trata de la unidad de actuación L2, situada en las inmediaciones del edificio de la Seguridad Social. Desde finales de los años 90, una empresa ovetense se dedicó a ir comprando los terrenos sobre los que se desarrollará la actuación. En la actualidad ya posee el 99,999%. En la operación se cruzó una empresa gijonesa, que adquirió un 30% de la parcela a diferentes propietarios. La empresa ovetense ejerció entonces el derecho de retracto (al tratarse de una parcela indivisible, tenía derecho de adquisición preferente de los distintos trozos de la misma, al mismo precio que pagara otro comprador).

Las complicaciones judiciales comenzaron en 1998, con el primer pleito civil respecto a un 8% de esa finca (el primer porcentaje que compró la empresa gijonesa) y acabaron ahora con el proceso penal contra los responsables de la empresa gijonesa y de otras dos que realizaron compras ficticias de los trozos de finca en disputa, para evitar cumplir con el derecho de retracto que exigió la empresa ovetense que va a desarrollar las viviendas.

En 1998 un juzgado civil de Gijón admitió el derecho de retracto y condenó a la empresa gijonesa a entregar a la Ovetense la porción de finca en disputa. La parte que perdió recurrió la sentencia y al mismo tiempo vendió ese 8% de la parcela a otra compañía, propiedad de un conocido empresario gijonés, para evitar el cumplimiento de aquella sentencia, según sostiene la fiscalía.

Así las cosas, el asunto volvió de nuevo a los tribunales y en 2002 una segunda sentencia de otro juzgado civil de Gijón anulaba la venta ficticia por fraudulenta. No bastó, sino que la empresa ovetense tuvo que volver de nuevo a los juzgados para exigir la ejecución de las sentencias favorables, lo que acordó el juez en septiebre de 2005.

Sin embargo, los responsables de la empresa gijonesa volvieron a simular otra venta, a una cuarta empresa. La contumacia de los responsables de la firma gijonesa colmó la paciencia del juez que había dictado las últimas resoluciones civiles, que notificó los hechos al fiscal al considerar que eran delictivos.

En el juicio penal del pasado martes, el fiscal consideró que los hechos de 1998 y 2005 constituían sendos delitos de alzamientos de bienes, si bien no formuló acusación contra uno de los implicados, el conocido empresario gijonés citado anteriormente, debido que consideró que el delito había prescrito. Si acusa de un alzamiento de bienes y pide dos años y medio de cárcel para los tres implicados en el supuesto alzamiento de bienes de 2005. La acusación particular pide 6 años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados al entender que cometieron un delito continuado entre 1998 y 2007 (fecha en la que sostiene que repitieron la misma operativa con otro 22% de la finca).

Las defensas de los acusados sostienen que no hay delito por ninguna parte, sino que se trata de hechos que deben resolverse en la vía civil y que de hecho la empresa ovetense ya se hizo en 2006 con las parcelas en litigio.