Luarca (Valdés),

A. M. SERRANO

El gobierno de Valdés está dispuesto a negociar con los abogados de la inmobiliaria a la que un juez ha dado la razón, al considerar conforme a derecho la ejecución de un proyecto urbanístico que el Ayuntamiento, durante el gobierno anterior del socialista Juan Fernández Pereiro, paró por «exceso de edificabilidad, imposibilidad de segregación de la parcela original y exceso en altura de los núcleos de comunicación».

La empresa constructora solicitó en 2008 la licencia de obra, que le fue concedida. En febrero de 2009 el Ayuntamiento de Valdés, con informe del técnico municipal, detectó un exceso de edificabilidad y suspendió los efectos de la licencia por no ajustarse la obra al criterio del Plan General de Ordenación Urbana. La sentencia reciente, emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo, da ahora la razón a la empresa y desestima el recurso del Ayuntamiento. Es decir, no observa exceso de edificabilidad, como sostenía el Consistorio valdesano.

El edificio se encuentra en La Peña. Se trata de 24 viviendas, de las cuales se habían vendido 16, según el constructor. Los abogados de la inmobiliaria ya se han puesto en contacto con el nuevo gobierno y las negociaciones para fijar la cuantía de la indemnización a la empresa se iniciarán a partir del lunes. Con este fallo judicial la promotora podría solicitar, también a través de la Justicia, una indemnización. En este caso, la parte que resultara perdedora tendría que hacerse cargo también de las costas. El actual gobierno no recurrirá el fallo y está dispuesto, según los abogados de la inmobiliaria, a llegar a un acuerdo. La indemnización, que podría rondar 2,5 millones de euros por privación de lucro y por afectar a la imagen de la empresa y generar daños morales, podría establecerse en menos cuantía y el gobierno local podría hacer frente al montante a través de varias anualidades.

El edificio está construido y en su caso tendrá que ser derribado o continuar la promoción. Ayer, el ex alcalde, Juan Fernández Pereiro, volvió a defender las tesis del Ayuntamiento y advirtió de que «el fallo es recurrible» y que no contempla indemnizaciones, por lo que no afecta directamente a las arcas municipales.

La inversión privada en la urbanización se estima en 1,4 millones de euros. La constructora tuvo que devolver las cantidades ya depositadas por varios compradores y frenar la obra. En todo caso, el edificio está casi concluido, según puede observarse.

La indemnización a la que se enfrente el Ayuntamiento, por responsabilidad patrimonial derivada de esta sentencia, podría ser millonaria, aún existiendo un pacto entre las partes implicadas.

El edificio es visible desde el centro de la villa. El Pleno del Ayuntamiento declaró en noviembre de 2009 la construcción «lesiva para el interés público» por las razones que argumentaba el informes técnico, entre ellas el exceso de edificabilidad. El fallo judicial no estima estas razones del gobierno para frenar la obra y la promoción.