El socorrista que denunció al Ayuntamiento amenazó a un edil, asegura el alcalde pixueto

González aclara que jamás despidió a J. S. B. pese a los problemas que creaba

 03:30  
Francisco González.
Francisco González. s. a.
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  La polémica .  Occidente

Cudillero, Sara ARIAS

El Alcalde de Cudillero, Francisco González, asegura que el socorrista que denunció al Ayuntamiento no fue expedientado por unas manifestaciones de crítica aparecidas en un medio de comunicación nacional, sino por haber proferido insultos y amenazas contra el edil de Playas pixueto, Luis Fernández Garay. J. B. S., según González, no fue despedido ni verbalmente ni de forma escrita, y su incidente con el concejal tuvo lugar dos días antes del reportaje en el que el joven criticaba veladamente el funcionamiento de la administración local.

El gobierno cudillerense detalla que con anterioridad a este informe ya había tenido problemas con el socorrista. Entre otras cosas, precisa el ejecutivo local, fue sorprendido por el concejal de Playas en la caseta viendo la televisión, tuvo un enfrentamiento con otro socorrista y se negó a pilotar una zodiac alegando motivos de salud que no justificó, tras haber pasado el examen médico. Para terminar, alega el gobierno local, faltó al trabajo durante tres días seguidos en el mes de julio, también sin justificación.

Finalmente el expediente por los insultos al concejal no se llegó a tramitar. «Al darse de baja por 45 días recomendados ya se terminaba el contrato, así que no se llegó a tramitar», comenta el alcalde.

Finalmente, J. B. S., alegando verse desbordado por la situación de presión y acoso que vivía, solicitó la baja médica entre los días 12 al 29 de agosto.

En ese tiempo el joven apareció fotografiado en LA NUEVA ESPAÑA jugando un partido de fútbol de Tercera División, actividad por la que percibe unos ingresos. Por esta razón, el Consistorio decidió informar al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) de una situación que consideraba irregular. La consejería respondió el 19 de septiembre con la anulacion de la incapacidad temporal, razón por la que el joven inició un litigio contra el SESPA.

Tras la determinación de Sanidad, el Ayuntamiento decidió, como medida cautelar, no pagarle los días que permaneció de baja y descontárselos como faltas injustificadas. De todas formas, el socorrista ganó el juicio contra el servicio de salud, por lo que el Ayuntamiento asegura que abonará la cantidad pendiente, 613 euros, cuando reciba una sentencia en firme que apoye la reclamación de J. S. B.

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